Pagar deuda: una estafa asumida
El concejal delegado de hacienda del ayuntamiento de Petrer, el
socialista Ramón Poveda Bernabé, esta semana expresaba ante los
medios de comunicación, su alegría por la reducción de la deuda
municipal en un 50% y remarcaba lo positivo de destinar más de 3
millones en inversiones financieramente sostenibles.
Esta noticia no
varía mucho de la que el Partido Popular de Petrer publicó en 2014
en el semanario El Carrer: “El portavoz del Equipo de Gobierno,
José Miguel Payá, …ha hecho balance positivo, …destacando
especialmente el aspecto económico en donde “heredamos una deuda
municipal en 2008 de casi 17 millones de euros y se pagaban 600.000
euros en intereses bancarios y cerraremos 2014 con algo más de 9
millones de euros de deuda, lo que supone haber reducido la deuda un
45 % y pagar unos 120.000 euros anuales en intereses bancarios””.
El problema de tratar la deuda desde un punto de vista
sensacionalista es que se esconde una gran estafa. Los ayuntamientos
fueron obligados -por ley- a endeudarse para hacer frente al rescate
bancario -¿os acordáis del famoso plan de pago a proveedores?-
aceptando préstamos a intereses desorbitados. Luego, el ministro
Montoro los obligó a priorizar el pago de esos intereses y cuotas
bancarias para asegurarse el expolio de los municipios. Esto está
significando, aún hoy en día, un trasvase directo de dinero público
de los y las contribuyentes a los bolsillos de la entidades
bancarias.
Cuántos miles y miles de euros de los impuestos de los
vecinos y vecinas de Petrer han ido a parar ilegítimamente a los
bancos. Cuántos recursos destinados a rescatar a las y los
ciudadanos se han desviado para mantener a flote el sistema
financiero. Debería un gobierno progresista sentirse orgulloso de
ello, o por el contrario, debería de haber puesto en marcha desde el
minuto uno una auditoria ciudadana para conocer realmente cuántos
recursos económicos se han destinado a pagar intereses ilegales, los
cuales deberían ser devueltos al pueblo.
Ahora, ya completamente
rescatados los bancos, fuera de peligro, se levanta la obligatoriedad
de destinar superávit únicamente a la amortización de la deuda,
pero se sigue imponiendo unos límites y prohibiciones donde no hay
margen para destinar los ingresos de los municipios a dónde se
considere más necesario. Sólo tras pagar deuda obligatoria se puede
destinar parte del superávit a las inversiones financieramente
sostenibles, pero nada de retornar recursos a las necesidades de las
concejalías.
Las inversiones financieramente sostenibles no son una
mejora sino que siguen siendo restricción a la autonomía de la
gestión municipal. Un gobierno como el de Petrer no debería
presumir por reducir su deuda de esta manera o de poder invertir en
financieramente sostenibles, y menos, sin denunciar la falta de
soberanía municipal.
