La Corporación Municipal condena las amenazas de una militante de VOX a un profesor del IES Azorín
En la misma sesión prenaria, se aprobó solicitar que “La Rendició” sea declarada Bien Inmaterial de Relevancia Local
Amparo
Blasco Gascó / Ayer
la sesión plenaria de carácter ordinario, correspondiente a este
mes de noviembre, lamentablemente, se inició una vez más con la
lectura de un texto en repulsa de la violencia de género y guardando
un minuto de silencio en memoria de las mujeres fallecidas durante
este mes por este tipo de violencia machista.
Una
vez se aprobó el borrador del acta de la sesión anterior, el
Secretario Municipal dio cuenta de los informes y correspondencia.
A
continuación, en el apartado de Cultura, se sacó adelante por
consenso solicitar a la Consellería de Educación y Cultura la
declaración como Bien Inmaterial de Relevancia Local el acto de “La
Rendició”.
Seguidamente,
a propuesta de la concejalía de Servicios Generales, se presentó
para su aprobación las tarifas de distribución de agua potable a
domicilio para el próximo ejercicio 2020.
Aunque
la propuesta salió adelante con los votos a favor de PSOE, PP y
Ciudadanos, ya que Esquerra Unida decidió abstenerse, no faltó el
debate.
El
concejal de Hacienda, Ramón Poveda, comentó que para el grupo
municipal del Partido Socialista era doloroso apoyar esa propuesta ya
que habían tenido que aplicar un incremento del 1.5% más el IPC,
tal y como marca el convenio que hace 10 años, cuando gobernaba el
PP en Petrer, se firmó con Aguas de Alicante. Añadió que, en una
década, en nuestra localidad por ese 1.5% el precio del agua se ha
incrementado en un 15%, un porcentaje que alcanza el 30% por el IPC
correspondiente a esos años.
Además,
matizó que es chocante que el mismo partido político que hace 10
años firmó ese convenio que hipotecaba a Petrer por 35 años, sea
el mismo que ahora pida la bajada del IBI.
Mientras
que el portavoz del grupo municipal de Esquerra Unida, Rafael Masiá,
recordó que en 2009 esta coalición de izquierdas se opuso a la
firma de ese convenio e incluso cuestionó las formas en las que se
gestionó.
Asimismo,
subrayó que el plus de libertad que le da estar en la oposición, es
el que le permitía poder abstenerse.
Por
su parte el portavoz adjunto del Partido Popular, Óscar Payá,
inició su intervención asegurando que ese convenio era positivo y
favorable para la población ya que supuso una inversión directa de
6.500.000 de euros en la red de agua de nuestra localidad.
Además,
recordó que, a pesar de ese incremento anual del 1.5%, el precio del
agua de Petrer era de los más económicos del de otros municipios de
la provincia de Alicante.
También
explicó que ese convenio permitió al equipo de gobierno no subir ni
tasas ni impuestos municipales y mantener los servicios a pesar de
que estaba iniciándose, en esa época, una crisis económica.
Añadió
que este convenio no puede ser una excusa para que el actual
ejecutivo local no decida bajar el IBI.
Tras
aprobarse las tarifas de distribución de agua potable a domicilio
para el 2020, el concejal de Hacienda dio cuenta del Informe de
Obligaciones sobre morosidad y periodo medio de pago a proveedores,
correspondiente al tercer trimestre de este año.
Por
otra parte cabe indicar que se aprobó por unanimidad la Declaración
Institucional de adhesión al manifiesto del Consell de la Dona sobre
el Día Internacional por la Eliminación de la Violencia contra la
Mujer, que se conmemoró el pasado lunes 25 de noviembre, y la moción
de condena a las amenazas a un profesor de Historia del IES Azorín
que realizó, en una red social, una madre de un alumno de este
centro educativo y militante de VOX, formando parte tanto de la lista
electoral con que esta formación concurrió tanto a las últimas
Elecciones Generales como a las Elecciones Municipales del pasado 26
de mayo.
Una
moción que condena con contundencia esas amenazas y expresa el
apoyo, consideración y respeto del Ayuntamiento de Petrer a la labor
realizada por los docentes en el ejercicio de sus funciones.
Por
último cabe indicar que la moción presentada por el Partido Popular
en defensa de las libertades educativas consagradas en la
Constitución de 1978 fue desestimada ya que solo contó con 7 votos
a favor, correspondientes a los concejales del PP y Ciudadanos,
frente a los 14 en contra de PSOE y Esquerra Unida.
