Pleno municipal del mes de julio
Se aprueba una modificación de crédito de 175.000 euros y las mociones presentadas por Sí-Podem y, de manera conjunta, por EU,PSOE y Compromís
En la tarde-noche de ayer tenía lugar en el salón de sesiones del consistorio municipal el pleno ordinario correspondiente al mes de julio.
Un pleno que dio comienzo con el habitual minuto de silencio en memoria de las víctimas de violencia de género, seguido de la aprobación del acta de la sesión anterior para, posteriormente, dar a conocer el secretario municipal los informes y correspondencia, entre los que destacó la felicitación pública por parte de la consellería de Gobernación y Justicia a varios policías locales por su actuación en el descubrimiento de un caso de un presunto delito de estafa a gran escala así como el nombramiento de la actual regidora de Desarrollo Económico, Leonor Maestre, como vicepresidenta de la ADESP, procediéndose, seguidamente, en el apartado de “Urbanismo”, a la aprobación de una modificación a la ordenanza municipal reguladora de la ocupación de la vía pública con terrazas por la cual se concede una moratoria de dos años más a los locales de restauración y ocio para la instalación de tarimas en la terraza, y a la modificación de la composición de la comisión de deslinde de los términos municipales de Elda y Petrer así como del ámbito del Plan Parcial La Cantera entre Sax y Petrer, incluyéndose en las referidas comisiones a miembros de la oposición.
En lo que respecta al apartado de “Servicios Generales” se procedió por unanimidad a la ratificación del acuerdo de Junta de Gobierno sobre la adhesión al acuerdo marco de suministro de energía eléctrica tramitado por la Central de Contratación de la Diputación Provincial.
En el apartado de “Hacienda Municipal” se dio cuenta de las actas de arqueo entrante y saliente de la renovación de la corporación, un punto sobre el que el concejal de Hacienda, Ramón Poveda, manifestó que se trata de una normativa municipal con la que se quiere, en aras de la transparencia, dar a conocer el estado de las cuentas del municipio a fecha de 13 de junio, día en que se produjo el cambio de corporación.
Seguidamente se dio a conocer el informe de morosidad correspondiente al segundo trimestre de 2015, así como una modificación de crédito de 175.000 euros.
Respecto a este apartado, el concejal de Hacienda señaló que una parte de la misma está destinada al pago de la climatización del edificio municipal, en concreto, 119.449 euros, y la otra a cubrir gastos de concejalías que apenas disponían de presupuesto para afrontar diversas actuaciones explicando que esta partida económica había salido de, entre otros, los presupuestos participativos, Policía, Administración General y Órganos de Gobierno.
Abierto el turno de intervenciones al respecto, cabe hacer mención de la del concejal del Partido Popular, Fermín García, en la que exponía los motivos por los que su partido se iba a abstener en la votación resaltando la reducción económica a que era sometida la ADESP cuando el equipo de gobierno actual proclamaba una apuesta clara por el empleo y el incremento de la partida económica a Fiestas, al contrario de lo que, a su juicio, han venido manifestando el PSOE y EU cuando estaban en la oposición.
Tras procederse a la votación esta modificación crediticia fue aprobada con las abstenciones de Ciudadanos y PP y los votos favorables de Sí-Podem, Esquerra Unida, Partido Socialista y Compromís.
Siguió este apartado de Hacienda Municipal con el punto correspondiente al reconocimiento extrajudicial de créditos de relación de facturas por una cuantía de 4.900 euros la cual fue aprobada por unanimidad y, a continuación, se aprobaron los convenios reguladores de subvención con diferentes colectivos y entidades locales como la Asamblea Local de Cruz Roja Española, el Club Balonmano Petrer y la Unión Deportiva Petrelense por las cuantías de 15.000 euros, 12.024 y 10.224 euros, respectivamente.
En el apartado de mociones se debatió la moción presentada por el grupo municipal Sí-Podem abogando por unos servicios sanitarios cien por cien públicos y contra el cierre de camas en el Hospital General Universitario de Elda y de toda la Comunidad Valenciana.
En la moción, la concejal de Sí-Podem, Neus Pineda, tras mostrar su oposición al cierre, en el periodo estival, de entre 17 y 30 camas del Hospital General, argumentaba que la gestión privada de los servicios sanitarios no sólo incrementa el gasto sino que, además, ofrece una peor calidad asistencial generando sobrecostes y un aumento de la precariedad solicitando la sustitución laboral de los profesionales sanitarios en periodo de vacaciones, la adopción de medidas contra la precariedad laboral y una toma de postura clara a favor de la reversión de los servicios sanitarios privatizados a la administración pública.
Abierto el turno de intervenciones, Víctor Sales, portavoz de Ciudadanos Petrer, argumentaba el sentido negativo del voto de su grupo en que los datos aportados en la moción por sus ponentes acerca del cierre de camas en el Hospital General no eran correctos y estaban basados en informaciones aparecidas en los medios de comunicación añadiendo que el mantenimiento de los edificios era básico para poder ofrecer una atención de calidad.
Posteriormente fue, Paco Ponce, en representación del grupo popular, el que también expresó la negativa de su partido a secundar esta moción argumentando que no era ético alarmar a los ciudadanos además de dudar de la veracidad de la información aportada en la moción. Añadió en base a datos estadísticos que la tasa de ocupación de camas en el Hospital General es actualmente del 70% y el que el cierre de un ala de la segunda planta para labores de mantenimiento llevado a cabo hace algunas jornadas apenas representa el 9%.
Continuaba Paco Ponce resaltando que el Hospital de Elda ocupa el número 1 en el ranking de hospitales de la Comunidad Valenciana en muchos apartados y que secundan parte de los puntos mostrados en la moción pero, en modo alguno, podían apoyarla porque no era cierto que el cierre de camas hubiera generado una falta de asistencia sanitaria a los ciudadanos de la comarca.
Seguidamente, la portavoz y concejal de Compromís, Silvia Rodríguez, reconocía el espíritu constructivo de la moción y manifestaba que el cierre estival de camas hospitalarias se venía produciendo tanto con reformas como sin ellas. Además consideraba que la sanidad no se debe medir por criterios estrictamente económicos y, para acabar, manifestaba su apoyo al nuevo gobierno autonómico por el tratamiento con el que quieren afrontar la Sanidad en la Comunidad Valenciana.
En el turno de Esquerra Unida, era la concejala Pura Díaz la que expresaba el apoyo de su grupo a la moción insistiendo en que los recortes en Sanidad son hechos constatables y que la postura de su grupo respecto al carácter público de la Sanidad es firme además de reconocer que es un buen momento para iniciar la reversión de las externalizaciones y privatizaciones realizadas durante estos últimos años.
A continuación intervenía en representación del PSOE, Fernando Portillo que también expresó el apoyo de su grupo a la moción por su espíritu así como por la voluntad expresada por el nuevo gobierno autonómico de reforzar el área de sanidad. El concejal socialista valoraba, también, negativamente la política sanitaria de estos últimos años que, en su opinión había encarecido el gasto público en esta rama y no había mejorado el servicio.
Terminado el uso de intervenciones y tras la réplica ofrecida por Sí-Podem acerca de que la información ofrecida en la moción no estaba basada en las noticias aparecidas en los medios de comunicación sino en informes de organismos oficiales y en los datos recabados por trabajadores del propio Hospital General de Elda, se procedió a la votación de la misma la cual fue aprobada con los votos favorables de PSOE, EU, Compromís y Sí-Podem y las abstenciones de Ciudadanos Petrer y el voto negativo del PP.
Respecto a la segunda de las mociones presentada de manera conjunta por PSOE, EU y Compromís sobre la Ley de Seguridad Ciudadana y en la que se pedía su derogación, la dimisión del ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, y el inicio de un debate consensuado por todos los agentes sociales argumentándose que se trataba de una ley que busca, sobre todo, coartar el derecho de manifestación e invisibilizar las protestas ciudadanas con medidas represivas, cabe decir que fue aprobada con la abstención de Ciudadanos Peter, el voto en contra del Partido Popular y los votos afirmativos de Sí-Podem, PSOE, Compromís y EU.
El pleno finalizaba, con los correspondientes puntos de despachos extraordinarios y ruegos y preguntas en los que estuvieron presentes la polémica acerca del maltrato animal y la permisibilidad o no del uso de animales en actividades organizadas por el Ayuntamiento, así como las gestiones realizadas por el actual equipo de gobierno de cara a poder ampliar los niveles de enseñanza de idiomas que se imparten en el aulario de Petrer.
Por último, eran dos vecinos de Petrer, entre el público asistente, los que solicitaban, por un lado el que no se utilizara oficialmente la expresión “violencia de género” por entender que lingüísiticamente no es apropiada y, por otro, recabar información acerca del cambio de ubicación de unos semáforos en la Avenida del Mediterráneo.
