EU y la PAH acuerdan presentar una moción plenaria sobre la nueva Ley de Vivienda
Consideran imprescindibles una serie de demandas que afectan a la sociedad civil, a la dignidad de las personas y a los Derechos Humanos
Maite Román Cano / El portavoz de
Esquerra Unida en el Ayuntamiento de Petrer, Rafael Masiá,
acompañado por Martín Cutillas y Mª José Sánchez como miembros
de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca Elda-Petrer, ha
comparecido esta mañana para informar que su grupo presentará una
moción al pleno ordinario que el Ayuntamiento de Petrer celebra este
jueves para pedir al gobierno central que incluya una serie de
demandas en la nueva Ley de Vivienda.
Masía ha declarado que EU
ocupará su espacio en el pleno en esta causa, que consideran justa,
y para la que siempre han estado junto a la Plataforma. Este concejal
ha añadido que la burbuja inmobiliaria y la posterior crisis
provocada por la sobre tasación de los inmuebles y la concesión
indiscriminada de créditos hipotecarios, algunos hasta por 40 años,
hicieron rehenes a miles de familias. Y todo ello unido al
crecimiento del desempleo que, según Masiá, pasó del 8% en 2006 al
27% en 2013 provocando que muchas familias priorizasen el comer a
pagar las hipotecas.
Martín Cutillas
ha añadido que el gobierno está preparando la llamada Ley Por el
Derecho a la Vivienda cuyo borrador entrará en el Congreso de
Ministros de manera inminente y se remitirá al Congreso para su
debate y aprobación. Una ley que debe proteger y garantizar de
manera efectiva el derecho a la vivienda que aparece en la
Constitución Española y debe suponer un avance histórico en la
cobertura de este derecho fundamental.
Por tanto, es el momento de
que las administraciones públicas asuman su responsabilidad y
cumplan con su deber a la hogar de garantizar esos derechos.
Finalmente, Mª
José Sánchez ha enumerado los puntos que piden para la nueva ley
como son: garantizar una vivienda digna, asequible, accesible; parar
los desahucios a personas vulnerables sin alternativa; asegurar y
ampliar el parque público de alquiler social; que el Estado regule
los alquileres a precios adecuados a los salarios de la población;
garantizar los suministros básicos de agua, luz, gas y acceso a las
telecomunicaciones; garantizar una segunda oportunidad efectiva para
hogares con deudas hipotecarias; ampliación presupuestaria para
vivienda social y políticas sociales de vivienda hasta llegar a los
niveles europeos o por último, que haya una participación activa de
la población en toda la política de vivienda y el urbanismo.
