Separación de poderes
¿Cuántas veces han oído a políticos y periodistas hablar de la
separación de poderes como un elemento fundamental de nuestra
democracia? Normalmente es para mencionar la escasez o dudosa
cualidad de la misma en respecto a posibles injerencias en el poder
judicial. Pues bien, déjenme adelantarles que en nuestro país no
existe la división de poderes.
En las democracias modernas son tres
los poderes que se le atribuyen al Estado: el poder legislativo (el
de redactar leyes que regulen las actuaciones de los ciudadanos), el
poder ejecutivo (encargado de ejecutar esas leyes) y el poder
judicial (encargado de interpretar las leyes y aplicar juicios
basándose en ellas). El concepto de la división de poderes nace en
un manuscrito de 1690 de mano del inglés John Locke, y es matizada
después por Montesquieu en 1748. La idea es dividir el poder del
estado en tres brazos independientes que se vigilen unos a otros para
evitar que ninguno acumule demasiado poder. Y es que Montesquieu ya
opinaba que “Todo hombre que tiene poder se inclina a abusar del
mismo”, por lo que era fundamental un elemento de control.
La
división de poderes es conocida popularmente como uno de los pilares
básicos de las democracias modernas y, sin embargo, no está
presente con tanta frecuencia como podríamos pensar. Lo cierto es
que si repasamos nuestra Constitución podemos ver que no se habla de
separación de poderes en ningún sitio, y ello resulta lógico
porque es más que evidente que cuando ministros y vicepresidentes
del gobierno se sientan en el congreso de los diputados están
ocupando al mismo tiempo cargos del poder legislativo y del
ejecutivo.
La independencia del poder judicial (o la falta de la
misma) también ha sido cuestionada muchas veces, ya que aunque los
jueces sean independientes, sus máximos responsables, el Consejo
General del Poder Judicial, es escogido a dedo por las Cortes
Generales (Congreso y Senado). Cuando se habla de la falta de
separación de poderes es frecuente hacerlo centrándose en el nivel
de independencia del poder judicial. Esto es comprensible, ya que
todo el sistema de justicia y los derechos de los ciudadanos se van
al traste cuando los jueces no son independientes y están aliados
con los gobernantes. Sin embargo también es igualmente preocupante
la falta de separación entre los poderes legislativo y ejecutivo, ya
que puede llevar a que un gobierno dicte leyes a su conveniencia.
Precisamente por esto algunos problemas de nuestra democracia (por
ejemplo, en nuestro sistema electoral) son realmente difíciles de
cambiar: porque aquellos que deberían hacer los cambios (poder
legislativo) son los mismos que se benefician de que no haya cambios
(poder ejecutivo). Todo esto convendría recordarlo para el momento
en que se llegue a reformar nuestra Constitución. Porque, sin unas
medidas de control efectivas, el Estado seguirá abusando de su
poder, como siempre ha hecho.
