Valenciano por decreto
Hay noticias que las lees y cuestan de creer. Unas por aberrantes
y disparatadas, otras por horribles y dramáticas. Luego están estas
noticias de las que, si no te tocan muy de cerca, apenas lees los
titulares. Este último hubiera sido el caso, para mí, de la noticia
sobre los nuevos decretos para el uso del valenciano que está
promoviendo el Consell de la Generalitat, si no fuese porque es un
tema en el que había estado pensando recientemente.
Me declaro
castellano-parlante y, aunque entiendo sin dificultades el valenciano
(y el catalán), admito que no lo uso nunca salvo para dar alguna
respuesta escueta si se dirigen a mí en esta lengua. Peor es el caso
de poblaciones enteras que, pese a formar parte de la Comunidad
Valenciana, no tienen tradición de hablar valenciano, como es el
caso de Elda, Villena u Orihuela.
Por eso las ideas que está
proponiendo en Consell en sus nuevos decretos (el decreto sobre el
plurilingüismo y el decreto de Usos Institucionales y
Administrativos de las Lenguas Oficiales de la Administración de la
Generalitat) me producen irritación y causan, al menos sobre mí, un
efecto contrario al que pretenden; esto es, en vez de incentivar el
uso de la lengua valenciana, consiguen que me genere aversión por
ser algo impuesto. En el terreno educativo, valga que no estoy en
contra del aprendizaje de ninguna lengua.
Es más, pienso que el
conocimiento de diferentes idiomas (catalán, valenciano, inglés,
francés o chino) no sólo es práctico de cara al futuro, sino que
enriquece el pensamiento y expande la mente. Sin embargo, lo que
impone el Consell por medio del Decreto sobre el Plurilingüismo no
es sólo una educación con diversas lenguas, sino en diversas
lenguas, agravando así una diferencia entre valenciano-parlantes y
no valenciano-parlantes, entre residentes en la Comunidad Valenciana
y migrantes de otras comunidades, que tendrán que hacer un esfuerzo
extra aun cuando todos –ellos, sus compañeros, sus profesores–
hablan una lengua común, el castellano.
En el terreno administrativo
la cuestión se vuelve más escabrosa. Normas como la de que los
funcionarios tengan que atender al público primeramente en
valenciano, por decreto, me parece ridículo. En la Comunidad
Valenciana, tanto el castellano como el valenciano se consideran
lenguas oficiales y me parece lógico que los funcionarios deban ser
capaces de desenvolverse con una o con otra sin merma de sus
responsabilidades, pero de ahí a imponer cómo deben tratar al
público, me parece que hay un gran salto.
Lo mismo ocurre con
documentos y comunicaciones escritas, que pretenden que se hagan
únicamente en valenciano, salvo que se solicite lo contrario. El
simple hecho de tener que presentar una solicitud para que la
administración se dirija a uno en castellano, que es la lengua
oficial de todo el estado, me parece absurdo. Algunos
valenciano-parlantes hablan de discriminación y falta de respeto por
no poder usar su lengua, pero me parece que están entendiendo mal el
problema.
Nadie les prohíbe usar su lengua, pero en circunstancias
donde debe haber una comunicación (“Transmisión de señales
mediante un código común al emisor y al receptor”, según una de
las acepciones de la RAE, la negrita es mía), lo respetable es que
no todos los españoles tengan que hablar valenciano. Mientras que un
comerciante, en su negocio, puede arriesgarse a perder un cliente por
no querer hablarle en castellano, la administración no puede
dificultar la comunicación con los ciudadanos imponiendo una lengua
que no todos entienden.
Si hay dos lenguas oficiales en la comunidad,
una plantea dificultades para la comunicación y la otra no, creo que
la solución es bastante sencilla. La mejor opción debería ser la
más simple, las más eficaz para todos y la menos costosa.
