Moción contra la Ley de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local
La oposición en bloque presentará una moción contra la Ley de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración local con la que acusan al gobierno de querer externalizar y privatizar servicios pú
Los grupos de la oposición, PSOE, EU y Bloc Compromís, han informado de la iniciativa que quieren abordar en el pleno del próximo día 27 a fin de poner de manifiesto lo perjudicial que resultará para los ayuntamientos la aplicación de la nueva Ley de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local con la que según señalan, el gobierno pretende limitar competencias municipales, externalizar, privatizar e incluso eliminar servicios que hasta ahora son públicos. Para el portavoz del PSOE, Fernando Portillo, lo primero que falso y engañoso es la denominación de la ley puesto que no es la sostenibilidad lo que persigue sino atacar la autonomía de los ayuntamientos y la privatización de los servicios. En el caso de Servicios Sociales, como algo básico para la sociedad, se trata de una competencia autonómica pero en la que los ayuntamientos tienen una participación importante. Este concepto cambiará con la nueva ley y las administraciones pasarán a ser órganos de evaluación e información de situaciones de necesidad pero sin capacidad de reacción rápida como hasta ahora. En Sanidad, los ayuntamientos pierden capacidad de participar en la organización de las competencias en Atención Primaria con las consecuencias que esto acarreará a los servicios que hasta ahora reciben los ciudadanos. En el caso de las escuelas infantiles, de Adultos o Educación Especial, la ley recuerda que es una competencia autonómica que sólo se mantendrá si la Consellería decide que puede hacerlo y si es así, cómo lo hará. Para Portillo, si se tiene en cuenta la situación económica de la Generalitat Valenciana con deudas que se acumulan en materia de discapacidad y dependencia, es muy probable que estos centros entren en zona de peligro. También ocurre lo mismo con la Oficina de Información al Consumidor al no ser competencia municipal.
Para Esquerra Unida, esta ley es una forma más de aplicar las políticas del Partido Popular justificándolo con la crisis y la contención del gasto. Para Javier Martínez, lo sorprendente del texto legal es que no va acompañada de ningún informe en el que se detalle cuánto va a suponer de ahorro su puesta en marcha, sólo cifras globales. También indica que de toda la deuda pública del país sólo el 5% es de los ayuntamientos.
Finalmente, David Navarro como concejal de Bloc Compromís, ha explicado que estos recursos que presentarán en pleno seguirán dos vías diferentes. Por un lado, se utilizará la vía parlamentaria porque 50 diputados de diferentes fuerzas políticas presentarán un recurso al Tribunal Constitucional. Y en segundo lugar, un recurso de los grupos municipales en defensa de la autonomía local que se hará en el resto de ayuntamientos. Lo que piden en el pleno es que el Ayuntamiento de Petrer se adhiera. En este sentido, la oposición quiere un posicionamiento del PP bien en defensa de los servicios públicos de nuestra población o bien continuar con el servilismo a las siglas políticas.
