Los desahucios administrativos siguen
El pasado viernes doce de agosto asistí a una reunión convocada
por algunas familias con problemas habitacionales en el barrio de
l’Almafrà en Elda. Estas familias llevan, algunas de ellas, más
de 4 años reclamando el reconocimiento y el derecho a la
regularización de su situación.
Son familias que ocuparon de manera
“ilegal” viviendas en propiedad de la Entidad de Infraestructuras
de la Generalitat (EIGE), antiguo IVVSA. Ocupaciones que se hicieron
efectivas en la etapa del gobierno Popular y por una alarmante y
desesperada necesidad ante la falta de alternativa habitacional.
Se
daba la paradoja de que algunas de estas familias tenían aprobada la
adjudicación de vivienda social pero llevaban años sin poder
acceder a una, mientras permanecían cerradas e inhabitadas, muchas
de ellas en los mismos bloques de edificios donde residían
familiares y amigos, por lo cual conocían de buena tinta que esas
viviendas estaban vacías. Incomprensiblemente la administración no
hacía uso de ellas para reducir la lista de espera de demandantes de
vivienda social.
Primero desde la PAH de Elda y Petrer y
posteriormente desde su “Comisión de Vivienda Social”, ya
autorganizadas las familias afectadas, se denunció esta situación,
destapando la desidia y la falta de políticas de vivienda por parte
del anterior Consell al mismo tiempo que se negociaba con EIGE la
resolución concreta de las diversas problemáticas de las familias,
llegando a arrancar compromisos a la Generalitat para la
regularización de estas ocupaciones.
Un año más tarde y habiendo
cambiado la dirección de la Consellería, las familias comentan muy
angustiadas que algunas de ellas han recibido aviso del inicio de
expediente de resolución de contrato y desahucio administrativo…
vamos que van a ser desahuciadas.
La Conselleria d’Habitatge vuelve
a utilizar el mismo recurso que su predecesora. Para ella, el
problema no es la falta de vivienda en condiciones de habitabilidad,
sino del uso fraudulento que se está haciendo de ella.
Las familias
no son tratadas cómo víctimas damnificadas de una crisis/estafa
sino como culpables de su situación de desventaja y vulnerabilidad.
La jugada estaba clara, primero se les criminaliza, publicando en
prensa diversas noticias en la que pone en sobre aviso de una posible
actividad delictiva, y luego se les niegan sus derechos y les
desahucian con el consenso del resto de la población.
En la Plaza
Simón Bolívar hay doce bloques de viviendas sociales en propiedad
de EIGE que suman aproximadamente ciento ochenta viviendas. Que se
sepan doce de ellas están ocupadas, por tanto estaban cerradas y sin
uso social. De ellas sólo tres podrían catalogarse de uso
fraudulento.
Enfrente, en los bloques de l’Almafrà de Elda,
gestionado por EMUDESA, hay cuarenta y ocho vivienda, cinco ocupadas,
todas ellas como vivienda habitual, y otras tantas vacías y
tapiadas. Las tres vivienda que pueden estas siendo utilizadas de
manera fraudulenta son una pequeña excepción, de fácil solución,
comparado con las catorce ocupaciones por necesidad. ¿Donde está el
problema entonces? Ahora, algunas de estas familias tienen menos de
treinta días hábiles para demostrar que sus viviendas son sus
domicilios habituales.
Como si no hubiera habido negociaciones y
expedientes abierto en estos último dos años y no se conociera
perfectamente la situación de cada una de ellas. Desde mi punto de
vista, tanto la Consellería, como los Ayuntamientos implicados
deberían de ponerse en el lugar de estas familias, cambiar el
“chip”, dejar de criminalizar la pobreza para poder garantizar
los derechos humanos.
Y algo muy importante y que a veces aún con
voluntad de hacer correctamente no se tiene en cuenta: hay que hacer
lo posible para acortar los tiempo de ejecución de la
administración, ya que habitualmente son muchísimo más largos que
los de las familias y las personas afectadas que sufren día a día
el problema habitacional. Hagamos las cosas bien.
