(Re)municipalizaciones. La importancia de recuperar el sector público
Ya a finales de los 80, pero mucho más acentuado en los años 90
del siglo XX, se inicia en el estado español las privatizaciones de
empresas y servicios públicos. El mantra repetido por los gurús del
mercado definía “la competitividad” como la mejor herramienta de
progreso.
Era la época del desmantelamiento de los Altos Hornos y de
la venta de los sectores energéticos estratégicos como las
eléctricas, los carburantes y el agua. No contentos con las empresas
públicas, se inicia la externalización y privatización de los
servicios públicos esenciales, pilares del estado social de derecho,
en busca de suculentos beneficios para la empresa privada. De esta
manera se orquesta el desprestigio del sector público y se alaban
las ventajas de sector privado en la oferta de servicios como la
sanidad, la educación o los servicios sociales.
Confundida y
manipulada buena parte de la ciudadanía con el falso relato de las
ventajas del mercado y el sector privado, se inicia el mayor expolio
de lo público, trasvasándose la riqueza de todos y todas a las
manos de unos pocos privilegiados. Ésta imposición de la gestión
indirecta y de las privatizaciones se hace en contra de los derechos
de la ciudadanía y en contra de los principios constitucionales y
los rectores de la política social de esta democracia. Pero la
crisis sistémica iniciada en 2008 ha demostrado que este proceso
privatizador ha fracasado.
Por un lado se ha acontecido insuficiente
para resolver, por ejemplo, el drama del paro, puesto que, como
estamos comprobando, la recuperación económica (la suya) no va
acompañada de una mejora de la calidad de vida de la gente. Grandes
empresas, como las que cotizan en el Ibex 35, cerraron en 2016 con
escandalosos beneficios, mientras el paro se mantiene en porcentajes
insultantes, la precariedad laboral cada vez es más alta, aumentando
las tasas de pobreza y riego de exclusión social. Además los
servicios externalizados fueron los primeros afectados por esta
situación, generándose un bajada de la calidad de los mismos, el
aumento de la deuda municipal y la precarización de las condiciones
de trabajo en la contratas.
Un factor clave que se esconde a la
opinión pública es que la gestión indirecta-privada de los
servicios públicos locales es mucho más cara de sostener, tal y
como recuerda el tribunal de cuentas en su informe de 2011: mayores
costes financieros, pago obligatorio del beneficio empresarial, no
existencia de transferencia real del riesgo a las contratistas en
caso de quiebra por lo que los costes de rescate recaen en la
administración, la larga duración de los contratos que implica
incremento de coste para la administración, altos costes de
transacción para la administración derivados del diseño,
planificación y control de la contratista…
Por lo que supone una
gran contradicción de la propia Ley de Racionalización y
Sostenibilidad de la Administración Local, que vela en teoría, por
la “eficiencia” en la prestación de los servicios públicos. No
se debe olvidar que la gestión indirecta de los servicios y las
privatizaciones ha sido el espacio menos democrático y menos
transparente donde se han desarrollado la mayoría o casi la
totalidad de los grandes casos de corrupción. Es necesario recuperar
el sector público municipal que ha sido conscientemente debilitado.
Y es aquí donde reside la importancia de las (re)municipalizaciones.
Hace falta otro modelo productivo, que priorice la gestión directa y
el control social de los servicios públicos locales y no sólo por
ser una opción política legítima, jurídicamente viable y
económicamente sostenible, sino porque también es más eficiente,
más sostenible y más garantista.
