La contratación pública, ¿una fórmula eficaz?
Desde el inicio de esta legislatura
venimos trabajando por la recuperación de todos los recursos y
servicios públicos que han sido saqueados y/o entregados al sector
privado a lo largo de estos últimos 20 años. Esta apuesta son las
(re)municipalizaciones. Se lo debemos a la ciudadanía porque las
instituciones públicas, que mantenemos entre todas con nuestros
impuestos, están para garantizar derechos, ofrecer servicios y, por
qué no, para generar empleo público, pero para lo que no deben
estar es para hacer negocios unos pocos.
Nos estamos encontrado con muchos
obstáculos para poder conseguir nuestros objetivos. Obviamente
nuestras limitadas fuerzas dentro de la institución son una de estas
dificultades añadidas, pero no es en eso en lo que nos vamos a
centrar, ya que aun siendo pocos en número, con determinación y
objetivos claros se pueden hacer muchas cosas dentro del
ayuntamiento.
En general, el resto de la
corporación no ha tenido nunca como prioridad la recuperación y
fortalecimiento del sector público local.
Se ha argumentado de todo:
no hay personal suficiente para asumir la gestión, aumentaría el
gasto al asumir los costes de maquinaria y material, seria injusto
que los trabajadores se equiparan al funcionariado sin procesos de
oferta publica, sería más caro para el ayuntamiento, la ley
“Montoro” y los “Presupuestos Generales” limitan las
posibilidades, etcétera, etcétera.
Sin embargo, es curioso que nadie
cuestione el modelo de contratación pública actual. ¿Es verdad que
es tan eficaz, reduce la carga de trabajo descongestionado la gestión
municipal, sale más barato a los y las contribuyentes, aumenta la
calidad del servicio…?.
Empecemos por la carga de trabajo.
La gestión indirecta de servicios por mediación de la contratación
pública necesita de un departamento exclusivo dedicado al estudio y
aplicación de la normativa en contratación. Abogada,
administrativos, auxiliares, solo se ocupan de gestionar los más de
cien servicios y empresas que están vinculadas al ayuntamiento. De
esta manera se podría pensar que los departamentos y concejalías
que precisan de los servicios de las empresas estarán descargados de
esa gestión.
Pues no, cada concejalia tiene que redactar su pliego
de condiciones técnicas con lo que buena parte del tiempo de gestión
de la administración es ocupado en temas relacionados con la
contratación de empresas, o sea con la privatización y
externalización de servicios.
Además, cada dos por tres el
ayuntamiento tiene que afrontar contenciosos ya que las empresas han
denunciado los pliegos técnicos por diversas razones y en varias
ocasiones este año.
Ha pasado con el pliego de parques y jardines o
con la contratación de los conserjes para los parques 9 d’octubre
y el Campet, provocando una sobrecarga de trabajo para los técnicos
del departamento de contratación que tienen que volver a revisar las
plicas y reiniciar los procesos de nuevo, y sobre todo, gastos
imprevistos en los servicios “externalizados” de defensa
jurídica. Lo que provoca un desbarajuste constante en la gestión
local.
Las contratas son las estructuras
más proclives a procesos de corrupción vinculadas a la
administración. ¿Cómo podemos garantizar la calidad del servicio
que prestan las contratas si no son controladas por la administración
y la ciudadanía?. No conocemos cómo se trata a los trabajadores, o
si están aplicando medidas medioambientales, o si cumplen con los
criterios de adjudicación en materia de diversidad, a no ser que se
apliquen cláusulas sociales donde se garanticen derechos laborales,
obligaciones medioambientales y fórmulas de inserción laborar para
personas con discapacidad.
Pero tanto la legislación vigente, que
está redactada para beneficiar a las empresas, como la estructura
judicial en materia de contratación, frenan la posibilidad de esta
regulación. Las empresas, como ya hemos visto, a las primeras de
cambio ganan los contenciosos y
obligan a la administración local
a plegarse a sus intereses ahogando la soberanía municipal.
Nos preguntamos por qué si la
contratación pública genera tanta dedicación, recursos y
quebraderos de cabeza no es cuestionada.
Tiene fácil explicación,
es el modelo central de las políticas neoliberales en su concreción
local que se ha asumido como el único modelo “político”. Pero
ésta es la opción de los de siempre, de las oligarquías, de la
derecha y no tenemos por que asumirlo también los que queremos hacer
políticas desde abajo, de las izquierdas y menos la que se
reivindica transformadora. Es urgente crear una masa crítica que
defienda los intereses de la ciudadanía y acabe con la hegemonía de
la gestión mercantilista en las administraciones. La personas
debemos ser lo primero.
