Trabajo decente y fin de la precariedad, una tarea urgente
Manifiesto para la Jornada Mundial por el Trabajo Decente 2017
Las organizaciones que apoyan la Iniciativa Iglesia por el Trabajo
Decente constatan que el trabajo decente, que forma parte de los
Objetivos de Desarrollo Sostenible, es un elemento imprescindible
para la justicia social y la cohesión de toda la humanidad.
En
España estamos asistiendo a un crecimiento del trabajo precario, que
se presenta bajo las formas de la contratación temporal, la
contratación a tiempo parcial y el empleo autónomo ficticio. El
empleo precario afecta principalmente a las personas más
vulnerables, que corren riesgo de discriminación, pobreza y
exclusión (personas con capacidad funcional diversa; personas con un
origen étnico, religión o creencia minoritaria; personas jóvenes y
mujeres).
La juventud se ve particularmente afectada por el trabajo
no voluntario a tiempo parcial, el empleo autónomo ficticio y el
trabajo no declarado. Un buen número de jóvenes está abandonando
España en busca de mejores oportunidades de empleo. Una remuneración
insuficiente para una vida digna, condiciones laborales que
dificultan la consecución de un proyecto vital a largo plazo; falta
de perspectivas; la vulnerabilidad de la persona ante un retroceso en
derechos laborales y un entorno laboral que atenta, en muchos casos,
contra la salud e integridad del trabajador son el rostro visible de
una economía al servicio del capital, donde la persona es un mero
instrumento que sirve y es utilizada en función de los intereses que
marca el mercado.
Esta concepción, en cuanto no pone a la persona y
su dignidad en el centro, es contraria al proyecto del Reino de Dios
y no puede ser, en ningún caso, aceptada desde una mirada cristiana
de la vida. La lucha contra la precariedad y por el trabajo decente
nos exige y nos lleva a reclamar: Luchar contra el trabajo no
declarado, la economía informal, el fraude fiscal y los paraísos
fiscales. Revindicar y trabajar por el establecimiento de una sólida
base jurídica de derechos laborales, la implicación de los
interlocutores sociales y los comités de empresa en el lugar de
trabajo y el reforzamiento de la inspección laboral y de la
jurisdicción social. Apostar por la creación de empleo de calidad,
garantizar los derechos en el trabajo, la protección social y el
diálogo social así como la igualdad.
Fijar salarios e ingresos
dignos y suficientes. Quienes trabajan deberían poder acumular, con
sus cotizaciones, ingresos que garanticen una seguridad en
situaciones como el desempleo, la enfermedad, la edad avanzada o las
pausas en la vida laboral para el cuidado de hijos u otras personas o
para la formación. Establecer una Garantía de Capacidades que
permita apoyar trayectorias profesionales que posibiliten la
adaptación a las diferentes situaciones que una persona puede verse
obligada a afrontar durante su vida a través, en particular, de la
formación profesional permanente. Garantizar la igualdad de
remuneración entre hombres y mujeres mediante una respuesta global
dirigida a reducir el trabajo precario y una cobertura adecuada de
seguridad social.
Se debe combatir la discriminación contra la
mujer, la brecha salarial, el techo de cristal, el acoso psicológico
y el acoso a las empleadas embarazadas. Apostar por condiciones de
trabajo dignas para todas las primeras oportunidades de experiencia
laboral de jóvenes, como períodos de prácticas, de aprendizaje o
cualquier oportunidad en el marco de la Garantía Juvenil.
Incrementar la inversión pública y privada que conecte los mercados
financieros con los mercados productivos. Acompañar a las personas
en situaciones donde la ausencia del trabajo decente provoca
inestabilidad, sufrimiento y falta de horizontes vitales, propiciando
respuestas individuales y colectivas que alumbren caminos de
esperanza.
