“Rajoy y las pensiones menguantes”
El sistema público de Pensiones constituye la pieza más
importante de nuestro Estado de Bienestar como plasmación de una
acción solidaria y redistributiva que persigue como objetivo la
cohesión social. Sin embargo, desde 2012, la política aplicada por
el Gobierno del PP amenaza seriamente las pensiones en un triple
sentido:
1) Amenaza para la sostenibilidad financiera. La Seguridad Social
sufre un importante desequilibrio entre ingresos y gastos como
consecuencia de la intensísima reducción del número de cotizantes
entre 2008 y 2013, y la consiguiente caída de los ingresos, que
además se ha visto agravada por otras medidas adoptadas por el PP
como la exclusión de una parte del salario de la cotización,
congelación del SMI -Salario Mínimo Interprofesional- y cambios
laborales que han favorecido la devaluación salarial.
Tal
circunstancia ha llevado al Gobierno a recurrir al Fondo de Reserva,
cuyo volumen se ha reducido desde los 69.000 millones existentes con
el Gobierno de Zapatero a sólo ya 8.095 millones.
2) Modificaciones legislativas. Rajoy y el PP modificaron en 2013
la legislación con la Ley 23/2013, cuyos dos principales cambios son
el nuevo mecanismo de revalorización de las pensiones, que se
desvincula de la garantía del poder adquisitivo y condena a los
pensionistas a un progresivo empobrecimiento, que se ha visto
agravado por la incidencia del copago farmacéutico de los mismos, y
la introducción de un factor de sostenibilidad, a partir de 2019,
del que resultarán pensiones menguantes en función de la evolución
–previsiblemente al alza– de la esperanza de vida.
3) El desprecio por el diálogo. Resulta particularmente grave que
la actuación del Gobierno del PP en esta materia haya estado marcada
por la unilateralidad: los cambios estructurales introducidos por la
Ley 23/2013 se han impuesto a pesar del rechazo frontal de todos los
grupos políticos de la oposición y de los sindicatos.
Pero además,
se ha producido la quiebra de un doble cauce de diálogo: el Pacto de
Toledo, foro parlamentario que ha servido de cauce para abordar las
reformas necesarias en materia de pensiones desde 1995 hasta la
segunda renovación del pacto en 2011 y que representa la expresión
de un consenso básico en la defensa del sistema público de
pensiones; y el acuerdo social, que incrementa la legitimidad de las
medidas que se han acordado para reforzar la sostenibilidad del
sistema de pensiones.
Todas estas medidas, en aras de una supuesta sostenibilidad del
sistema, esconde claramente una voluntad intencionada de promover
los Fondos de Pensiones Privados, favoreciendo una vez más al sector
de la banca. Esta estrategia ha quedado más a las claras si cabe con
la transformación en apenas unas semanas del “no hay dinero para
aumentar a las pensiones” a aumentarlas un 1’6% para contentar a
los nacionalistas vascos en su aprobación de los presupuestos, lo
que demuestra que era posible pero no había voluntad por parte del
gobierno.
Ésta medida ha vuelto a cabrear a millones de pensionistas
cansados de recibir año tras años cartas en sus casas para
anunciarles subidas de unos pocos céntimos en sus pensiones. Estos
pensionistas ya no creen a este Gobierno de Rajoy, que otra vez los
vuelve a engañar y no van a parar en su movilización hasta
conseguir la derogación del supuesto “factor de sostenibilidad”
para volver a recuperar la actualización de sus pensiones conforme
al IPC para frenar la pérdida de valor adquisitivo de los últimos
años. Ahí a los socialistas, como siempre, nos van a volver a
encontrar a su lado. Y es que con orgullo podemos decir que las
pensiones en nuestro país solo han crecido con gobiernos
socialistas.
Fernando D. Portillo Esteve
Secretario General PSOE-Petrer
