El concejal del PP, Carlos Andreu, tomó posesión de su cargo ayer
La moción sobre el incremento de la tasa de basuras protagonizó el debate de la sesión
Maite Román Cano / El pleno
ordinario de septiembre celebrado anoche comenzó, como todos,
guardando un minuto de silencio en memoria de las víctimas de
violencia de género habidas en España durante este mes.
Seguidamente, y antes de abordar los puntos del orden del día,
Carlos Andreu Máñez tomó posesión de su cargo como concejal tras
la renuncia, el pasado mes de julio, de Francisco Ponce.
Los aplausos
y bienvenidas de los compañeros de corporación dieron paso al
primero de los puntos tras los informes y correspondencia. Éste fue
la aprobación de solicitud a la Consellería de Cultura y Patrimonio
de la declaración de Bien de Interés Cultural para la finca El
Poblet.
Seguidamente, la corporación aprobó la adhesión a la
central de compras de la Diputación Provincial para contratar el
servicio de luz con el fin de que en vez de licitar para un único
ayuntamiento se haga para un conjunto de instituciones y así
conseguir una mejor oferta económica. Concretamente, la oferta
firmada con validez hasta el 20 de septiembre de 2019 es de 1.583.000
euros.
Cambiando al apartado de Hacienda, el pleno aprobó la octava
modificación de crédito. Una operación que asciende a 294.000
euros que gran parte se destinan a inversiones financieramente
sostenibles. Concretamente, 60.000 euros para ejecutar obras de
reforma en el viejo edificio de Cruz Roja y adecuar el espacio poder
albergar las ambulancias del Centro de Salud, 80.000 euros para
arreglar y adaptar el jardín del Barrio San Rafael, 44.000 euros
para el pago del Multideporte de octubre a diciembre de este año. Y
el resto, para crear una barrera acústica natural con arbolado en la
Avda. Catedrático José Mª Bernabé contra el ruido que genera la
autovía.
También en el
mismo apartado se aprobó la actualización de precios del contrato
con Brocamar entre 2014 y 2018 para así poder absorber a los
trabajadores de esta empresa tras la municipalización del servicio
de limpieza de instalaciones municipales. Asimismo, el pleno aprobó
el incremento en 1.800 euros del convenio suscrito con el Grup
Fotogràfic Petrer por la realización del Rally Fotográfico
ClickPetrer.
Para Sense Barreres también se modificó el convenio
para dotar al colectivo con una subvención de 10.000 euros, la misma
de 2017.
Llegado el bloque
de mociones, continuó la sesión con la que presentaba Ciudadanos
para garantizar un servicio de atención temprana de 0 a 6 años. Al
haber sido consensuada, se votó su retirada para ser tratada y
aprobada con posterioridad, en el apartado de despachos
extraordinarios. Lo mismo sucedió con la moción presentada por el
equipo de gobierno sobre la ley de contratos del sector público
aunque ésta no contó con los votos favorables ni de Ciudadanos ni
del PP.
En esta propuesta lo que se pretende es la modificación de
la ley de contratos porque según explicó el edil de Hacienda, Ramón
Poveda, la legislación en vigor no está dando los resultados
esperados en cuanto a favorecer a las pequeñas empresas y comercios
o luchar contra la corrupción. A su juicio, la ley actual,
recientemente aprobada, estaba colapsando las administraciones
públicas y suponía más trabajo para los ayuntamientos pequeños.
Por tanto proponen, entre otras cosas, elaborar un texto normativo
menos voluminoso con una regulación más detallada.
La corporación
aprobó seguidamente la adhesión al manifiesto de la Asociación
Apanah con motivo del Día Internacional de las personas sordas, un
manifiesto que fue leído por Maite Motilla Gil como representante
del colectivo. Asimismo, el grupo Sí Podem defendió otra moción
para pedir la modificación de la ordenanza urbanística en el
apartado de concesión de licencias. Requería que antes de ejecutar
el derribo de una vivienda o inmueble, se emita un informe para
verificar que no habita fauna alguna dado que hay especies protegidas
que viven en tejados y casas abandonadas. La moción fue aprobada
aunque no por el PP que planteó que esto supondría una mayor
burocratización de la administración, ni de Ciudadanos que se
abstuvo por tener dudas respecto a los costes que supondría las
medidas que planteaba la propuesta de Sí Podem.
Y finalmente, y
en la que mayor debate hubo, fue la moción presentada por el PP
rechazando el incremento de la tasa de residuos por el traslado de
éstos a la Planta de Tratamiento. Una propuesta Popular que fue
rechazada por todos los grupos y en la que se pedía un compromiso
del equipo de gobierno para no incrementar la tasa municipal de
basura.
El portavoz del PP, Óscar Payá, acusó a la empresa pública
Viarsa que gestiona la Planta, al gobierno autonómico y al
tripartito local de no planificar a largo plazo la Planta de
Tratamiento. A través de la moción pedían políticas para
incentivar el reciclaje entre los vecinos y crear más islas de
reciclaje en la población. Añade que según la última comunicación
de Vaersa, el nuevo canon a aplicar a concepto de gestión a los
ayuntamientos consorciados a partir del 1 de agosto será de 70,48
euros por tonelada entrada en planta y sin aplicar el IVA. Una medida
injustificada y unilateral que a Petrer le supondrá un desembolso
añadido de 200.000 euros.
El PP considera que la Generalitat, a
través de la empresa pública Vaersa, debe asumir a través de sus
presupuestos, estos sobrecostes.
A continuación,
Fernando Portillo anunció que el equipo de gobierno presentaba una
enmienda a la totalidad de la moción aunque continuó el turno de
palabra habitual que, en este caso, inició el representante de
Ciudadanos, Víctor Sales. Éste manifestó que Vaersa no había
hecho una buena gestión y el problema que ahora tiene con la Planta
de Villena al haberse colmatado los vasos y pretenden que lo asuman
los municipios adscritos al consorcio.
Finalmente declaró su
intención de abstenerse porque no había una comunicación oficial
anunciando la subida del canon.
Carmen Herrero,
concejala de Sí Podem, indicó que el problema de las basuras no se
limitaba a hablar de la subida o no de la tasa sino de la pésima
gestión realizada por Vaersa y la necesidad de cambiar la mentalidad
de la ciudadanía para generar menos residuos.
A continuación
tomó la palabra la representante de Compromís, Silvia Rodríguez,
para coincidir en la mala gestión de los residuos hecha por el PP
desde la Consellería y lanzando el mensaje de que la responsabilidad
era política en última instancia al tratarse de una empresa
pública. Además añadió que en 2015, cuando entró el nuevo
gobierno de la Generalitat y también en el Ayuntamiento de Petrer,
los vasos ya se estaban agotando y no se había adoptado ninguna
medida hasta esa fecha indicando que todos los años había facturas
por exceso de tonelaje.
Por su parte,
Fernando Portillo, defensor de la enmienda presentada por el
ejecutivo local, tras hacer un repaso de lo que había sido la
política de residuos llevada a cabo por el PP en los 17 años de
gobierno autonómico, indicó que la Generalitat había anunciado que
no se subiría el canon por el tonelada de basura que se llevara la
Planta de Tratamiento y por tanto no se repercutiría nada en las
cuentas de los municipios del Consorcio por este motivo. Además, y
al término de su intervención, insistió en que no se incrementaría
el recibido de basura en Petrer.
Para acabar, el
concejal del PP, Óscar Payá, cerró el debate hablando, entre otras
cuestiones, de la necesidad de planificar bien las políticas de
tratamiento y reciclaje. Acusó al gobierno local y autonómico de no
haberlo hecho hasta ahora porque no se hacía nada y también de
trasladar un documento de Vaersa anunciando la subida del canon en el
mes de agosto que ahora se rectifica tras las reacciones políticas.
Ahora, añade el concejal, algo habrá porque el problema no se ha
solucionado y cree que lo camuflarán de otra forma.
La sesión
concluyó con algunas preguntas y ruegos formados por concejales de
la oposición sobre asuntos varios así como con intervenciones de
personas del público, entre ellas, de un representante de los
empleados públicos locales invitando a los representantes
municipales a seguir negociando para obtener la Valoración y
Relación de Puestos de Trabajo.
