“Iglesia por el trabajo decente”
En el Manifiesto que con motivo de este 1ª de Mayo excepcional
hace público Iglesia por el Trabajo Decente (ITD), las entidades de
inspiración cristiana que impulsan en España esta iniciativa
(Cáritas, Conferencia Española de Religiosos CONFER, Hermandad
Obrera de Acción Católica HOAC, Justicia y Paz, Juventud Estudiante
Católica JEC y Juventud Obrera Cristiana JOC) reclaman con urgencia
la aprobación de un ingreso mínimo garantizado, el reconocimiento
del derecho a la prestación por desempleo para las personas
empleadas de hogar, la regularización extraordinaria e inmediata de
los trabajadores “sin papeles” y un pacto de Estado que apueste
por la centralidad de la persona y el trabajo decente.
En este
Primero de Mayo “extraordinariamente marcado por la crisis de la
pandemia”, el Manifiesto reafirma “que el trabajo es para la
vida, que debe garantizarse unas condiciones laborales que protejan
la integridad física y psíquica de la persona, y que favorezca su
protección social, esenciales para una vida digna”. Como subrayan
las entidades promotoras de ITD, “no nos cabe duda de que la crisis
laboral y económica provocada por la pandemia del COVID-19 hubiera
tenido un menor impacto sin la indecente precariedad laboral, ese
´virus´ que caracteriza el sistema de relaciones labores, que
lesiona los derechos de las personas trabajadoras y de sus familias;
si la sanidad y el conjunto de políticas sociales hubieran contado
con los recursos que necesitan y que fueron recortados como
consecuencia de la anterior crisis financiera”.
El Manifiesto pone
el foco en “los empleos más precarizados, como son los de personas
trabajadoras del hogar y de cuidados, de la agricultura, de
establecimientos de alimentación o repartidoras, que hasta el
momento han estado invisibilizados y no han tenido un justo
reconocimiento laboral y social”. Se trata de unos sectores
laborales que “en este momento de crisis sanitaria, se han
«descubierto» como esenciales para la sostenibilidad de la vida,
para garantizar el bienestar de todas las personas y que no nos
falten alimentos y cuidados durante el periodo de cuarentena”.
A
pesar de ello, estos trabajadores y trabajadoras siguen “ejerciendo
sus funciones en condiciones precarias y en la mayoría de los casos
sin la protección adecuada”. En la actual emergencia social
causada por el coronavirus, “el empleo que en primer lugar se ha
destruido –denuncia ITD— es el más débil, el que carece de
redes de protección social”. Por ello, lanza una llamada “para
que se articulen e impulsen todas las medidas necesarias evitando que
esto vuelva a pasar y para construir una red de protección social
para quienes han perdido empleo, salario y derechos, para que nadie
se quede atrás”.
De manera concreta, las entidades impulsoras de
ITD en España, demandan:
El reconocimiento de un ingreso mínimo
garantizado en un programa articulado que integre las políticas
sociales en España.
El derecho a la prestación por desempleo para
las personas empleadas de hogar, así como el reconocimiento social
del trabajo de hogar y de cuidados.
La regularización extraordinaria
y urgente de los trabajadores y las trabajadoras “sin papeles” y
descartados de los derechos de ciudadanía.
Un pacto de Estado que,
entre otras cuestiones, apueste por la centralidad de la persona y el
trabajo decente, piedra angular sobre lo que se sostiene todo lo
demás.
El fortalecimiento del pilar de los derechos sociales en
Europa.
El Manifiesto finaliza con una invitación “a las
comunidades cristianas a unirnos, desde la distancia física
obligatoria, desde nuestras casas, en la celebración y la oración”,
y a “participar con creatividad en aquellas acciones que puedan
hacer visible la necesidad de un trabajo decente acorde con la
dignidad humana”.
Debacle del empleo ITD subraya los datos más
recientes de la realidad del empleo y que, en esta ocasión, muestra
un panorama desolador: – 4 millones de trabajadores afectados por un
ERTE, según previsiones del Gobierno – 3.548.312 personas
desempleadas, según paro registrado a 31 de marzo de 2020. – 1,4
millones de autónomos han cesado su actividad (solicitudes de ayuda
por cese de actividad) – 833.979 empleos destruidos – Más de 1
millón de parados (1.004.595) no reciben ninguna prestación ni
subsidio por desempleo.
Cabe destacar, además, que el grueso de la
pérdida de afiliación se concentra en el régimen general (836.603
personas menos, un descenso del 5,6%), seguido a gran distancia por
el régimen de autónomos (40.877 personas menos y un retroceso del
1,3%), el sistema especial del hogar (descenso de 12.060 personas, es
decir, una bajada del 1,6%), el sistema especial agrario (6.418
personas menos, descenso del 1,6%) y el régimen especial del mar
(pérdida de 2.863 afiliados, lo que supone una merma del 4,5%).
Asimismo, la pérdida de población afiliada por tipo de contrato
desde el 12 de marzo se concentra entre la población asalariada con
contrato temporal (-550.651 personas, -17,3%) frente a la población
asalariada con contrato indefinido (-162.582, -1,9%). Ha sido la
extinción y no renovación de esta pléyade de contratos temporales
la que, en gran medida, ha provocado la destrucción de empleo. Tanto
es así que el porcentaje de caída de la afiliación en los
contratos indefinidos, según datos de la Seguridad Social, es del
1,92%, mientras que el porcentaje en relación con la contratación
temporal alcanza el 17,30%.
