El Ayuntamiento intensifica el control de los vertidos industriales
La sanción por vertidos ilegales pueden alcanzar los 200.000 euros
Nota de prensa / El
Ayuntamiento de Petrer, en consonancia con las
actuaciones realizadas por la Entidad Pública de Saneamiento de
Aguas Residuales de la Comunidad Valenciana, EPSAR, y
con la Mancomunidad a través de su Plan de Vertidos para los cuatro
municipios, ha puesto en marcha un
operativo especial para intensificar el control
de vertidos en el municipio.
Según ha explicado
la primera autoridad municipal, Irene Navarro,
“no solo pretendemos garantizar la preservación
de las infraestructuras de saneamiento y alcantarillados de Petrer,
sino también seguir aspirando a una ciudad cada vez más ecológica
y que demuestra su compromiso con el medio ambiente”.
Desde el Consistorio
se va a intensificar el control de vertidos para identificar aquellas
actividades y empresas que realizan vertidos que, por su naturaleza,
pueden afectar negativamente al funcionamiento de la Estación
Depuradora de Aguas Residuales así como para velar por el
cumplimiento de la Ordenanza de Vertidos a las Redes Municipales de
Alcantarillado.
Para ello, se van a
llevar a cabo análisis aleatorios de los puntos
de vertido de empresas orientados a evaluar los
parámetros máximos de grasas, metales pesados, sólidos en
suspensión y otras sustancias que por su cuantía o propiedades
pueden resultar nocivas para el Medio Ambiente.
Con estas
actuaciones, además de buscar mejorar la calidad
ambiental y lograr cumplir los objetivos marcados por la Agenda 2030
para el Desarrollo Sostenible, a la que el
Ayuntamiento de Petrer está adherido, se busca garantizar
el correcto funcionamiento de las redes de alcantarillado y
saneamiento de la ciudad, evitando embozos y problemas de malos
olores o roturas.
La alcaldesa de
Petrer ha apelado a la “responsabilidad de las
empresas e industrias de la ciudad” y a su
“implicación para construir juntos un futuro
ecológico y sostenible por el bien común”.
Cabe recordar que el
vertido de residuos ilegales o tóxicos en zonas de dominio
hidráulico y a la red pública de alcantarillado está penalizado y
puede suponer sanciones de hasta 200.000 euros.
