Plataforma de Pensionistas de Petrer (COESPE)
El sábado 28 de octubre se celebró una manifestación, en Madrid, convocada en principio por la Coordinadora Estatal en Defensa del Sistema Público de Pensiones (COESPE) y apoyada por el resto de colectivos de pensionistas de todo el Estado. Fue una movilización unitaria y multitudinaria, que congregó a una amplia representación de los distintos territorios y nacionalidades.
El mensaje que hemos querido transmitir a la ciudadanía es que estamos en la calle con el objetivo de pelear contra el desmantelamiento y privatización de nuestro sistema de pensiones público y, además, en defensa de los servicios públicos en general.
Hemos querido dejar patente y clarificar a la opinión pública que, aún valorando algunos aspectos positivos de la última reforma de pensiones, seguimos reivindicando aspectos, entre otros:
1.Que la revalorización anual de pensiones sea según el IPC real. En 2021 perdimos un 3%, en 2022 un 4,3% y este año, a pesar de la subida del 8,5%, hemos perdido mucho más debido a que el alza de precios de productos básicos y cesta de la compra ascendió al 16% (según datos oficiales). También reivindicamos la restitución del sistema de ajuste anual o paguilla que compensaba las perdidas de poder adquisitivo y que han eliminado con la última reforma.
2.Que la revalorización según el IPC real se extienda a los salarios, por justicia y porque a mejores salarios, mejores pensiones futuras.
3.Por el reconocimiento de que la pensión mínima sea igual al 60% del salario medio de cada país, según lo que marca la Carta Social Europea. De ahí la reivindicación de que la pensión mínima sea de 1080 euros.
4.Que estamos en contra de la privatización de nuestras pensiones públicas. Ahora imponiendo, a través de convenios colectivos, el desvío de cotizaciones a fondos privados de pensiones. Es una de las medidas aprobadas recientemente y que reivindicamos su derogación.
5.Que se eliminen los coeficientes reductores de sus pensiones a aquellos trabajadores, con 40 ó más años cotizados, que por cualquier circunstancia tengan que jubilarse anticipadamente.
6.Que se establezcan mecanismos efectivos para cerrar la enorme brecha de género que sufren las mujeres trabajadoras y pensionistas.
7.Que el Gobierno debe cumplir la ley, y realizar una auditoria pública e independiente de las cuentas de la Seguridad Social, que demostraría la falacia de la insostenibilidad del sistema público de pensiones y conoceríamos el monto total de los fondos que durante décadas se han desviado de la caja de pensiones para financiar gastos que el propio gobierno ha calificado de impropios.
Por todo ello, el movimiento pensionista ha demostrado que sigue en pie, movilizados y organizados. Dejando claro que el futuro de las pensiones públicas depende de la movilización social de los sectores implicados, que en definitiva es la mayoría de la población, pues todos somos o seremos pensionistas. Y que es necesario que la lucha por la distribución justa de la riqueza se extienda a toda la sociedad y se imponga la defensa de los derechos sociales.
