La compra de dos viviendas afectadas por la urbanización de Luvi centran el debate del pleno. También quedó aprobada la moción pidiendo al gobierno valenciano que adopte medidas para regular los precios del alquiler de viviendas y que aplique la nueva ley estatal de la vivienda
Maite Román Cano/ El pleno ordinario celebrado ayer tarde en el Ayuntamiento de Petrer comenzó, como siempre, con la lectura de un manifiesto contra la violencia de género que en este caso fue a cargo de la edil socialista, Patricia Martínez, y guardando un minuto de silencio en memoria de las víctimas. Tras esto, comenzó el orden del día de la sesión aunque de ella destacaron dos asuntos, por un lado, la modificación de crédito por un montante de 843.000 euros y, por otro, la moción de EU Compromís y PSOE, a instancias de la Plataforma de Afectados por las Hipotecas Elda Petrer.
En el primer caso, el edil de Hacienda explicó que la operación de crédito se dividía en dos partes, la primera, de 101.000 euros, destinados a traspasar dinero de unas partidas a otras, y la segunda, de 742.000 euros, para diferentes actuaciones como los 75.000 que irán a la Mancomunidad, 35.000 euros a contrataciones en el área de Juventud, 40.000 euros para la adquisición de una cámara en el Mercado de la Frontera, 14.000 euros la empresa que está gestionando los Bonos Consumo, 38.000 euros para el fomento de empleo y 570.000 euros que son para invertir en Luvi, concretamente, 362.000 euros para comprar dos de las viviendas unifamiliares afectadas por la urbanización y los 208.000 euros restantes para los juegos infantiles, luminaria y mobiliario urbano de dicha zona.
En este sentido, no todos los grupos políticos estuvieron. Siguiendo el turno de intervenciones, Eva Castelló, de Vox, se abstuvo alegando que todas las operaciones que se incluían en la modificación eran necesarias y beneficiosas para el municipio.
Rafa Masiá, de Esquerra Unida Compromís, se abstuvo y fue más crítico porque alegó que, a pesar de estar de acuerdo con las 16 de las 17 operaciones que incluía la modificación, no así en la referente a la adquisición de 2 viviendas por parte del Ayuntamiento. A su parecer, se tendría que haber presionado más a la urbanizadora para que hubiera asumido gran parte de ese gasto y no hubiera resultado tan gravoso para las arcas municipales. Según señaló, en un principio, la urbanización costaba 2,7 millones e incluía ya una partida para indemnizar a los propietarios de las 4 viviendas afectadas que no estaban integradas en el plan parcial. Masiá dijo que no veían bien que la obligación de esa compra recayera en el Ayuntamiento.
Óscar Payá, portavoz adjunto del Partido Popular manifestó que el PSOE pagara esas viviendas para poder cumplir con los plazos de la urbanización, costeada por Mercadona, y aprovechó para aplaudir a los propietarios de las dichas casas que gracias a su lucha, contra el Ayuntamiento y el urbanizador, habían conseguido que se les pagara un buen precio por ellas.
Cerrando las intervenciones en este asunto, Fernando Portillo, portavoz socialista, aclaró que el acuerdo de compraventa había sido el mismo y la compra de tres de las cuatro viviendas afectadas se había llevado a cabo, primero por no estar incluidas en el plan parcial de Luvi y segunda, por quitar el “tapón” que existía para desarrollar adecuadamente el proyecto de urbanización, tal y conforme se había hecho con anterioridad en otros puntos de la población. Posteriormente, Ramón Poveda, volvió a tomar la palabra para señalar que había una oposición que estaba en contra de todo lo que supusiera progreso pero reafirmándose en la opinión de que si ellos gobernaran, habrían hecho lo mismo.
Cambiando de asunto, otro de los puntos que alargó el debate fue la moción de la Plataforma de Afectados por las Hipotecas que presentaron EU Compromís y PSOE, una moción que fue aprobada aunque Vox y PP se abstuvieron. La moción fue leída por Mª José Sánchez, miembro de la plataforma, y seguidamente fue Rafa Masiá, portavoz de EU Compromís, quien expuso las peticiones de la propuesta, entre ellas, que se nombre a Petrer como zona tensionada, si se cumplen los requisitos, para evitar abusos en el incremento del precio del alquiler; la ampliación del parque de viviendas accesible de protección pública y del parque de viviendas sociales; que se aplique y desarrolle la Ley Estatal de Vivienda en nuestra Comunidad Autónoma, como método de protección contra los desahucios y abusos relacionados por los precios de compra y alquiler de vivienda; que amplíe la Generalitat Valenciana los recursos y competencias de la Xarxa Xaloc y otorgue a los Ayuntamientos competencias para gestionar alquileres con particulares y/o grandes tenedores de vivienda para las familias vulnerables; y un aumento de recursos y competencias para la Unidad de Ayuda ante Desahucios de la Generalitat Valenciana (UAD).
El pleno aprobó varios convenios de colaboración con entidades y asociaciones locales. Entre ellas, la del Centro Especial de Empleo Castelar para cofinanciar el funcionamiento del parking del Mercado Frontera por un importe de 45.000 euros, con la Seu Universitaria de Petrer de la Universidad de Alicante por 25.000 euros, con la Unión de Festejos cuyo convenio se modificó al no haber justificado parte de la subvención concedida para este año, el Club Pilota Valenciana por la organización de partidas profesionales con 5.000 euros o a favor del Centro Excursionista de Petrer con 8.000 euros para la organización de acciones ambientales y forestales en nuestros parajes naturales.
En el turno de palabra al público, y una vez acabada la sesión, hubo dos intervenciones. Juan Manuel Martínez felicitó a la concejalía de Cultura y al Festival de Guitarra por considerar extraordinario lo que se ha estado ofreciendo estas dos semanas en Petrer y el trabajo que se ha realizado. También, en tráfico, planteó la posibilidad de señalizar como acceso a una zona de prioridad peatonal en la calle Sancho Tello y ampliar esta zona al entorno del Teatro Cervantes, concretamente, en la calle San Bartolomé. Para acabar, le lanzó una pregunta a la corporación y fue ¿Qué modelo de ciudad queremos tener y hacia dónde la queremos llevar?.
Finalmente, Mª Ángeles Cano, preguntó dónde está la normativa que regula la limitación del pago en efectivo en las piscinas municipales y cuáles son las razones que motivan dicha decisión. Patricia Martínez, edil de Deportes, le respondió que el pago en efectivo se podía hacer a través de un ingreso bancario, pero se prohíbe, a través de decreto, que se pueda manejar efectivo a raíz de los episodios de vandalismo en las piscinas. También, como alternativa, hay tarjetas que venden en Correos para que se pueda acceder a estas instalaciones. Señala que no es la mejor opción, pero lo valorarán al terminar el verano.
