Comunicado de la Coordinadora de la Comunidad Valenciana en defensa del sistema público de pensiones (COESPE).
Hoy 13 de noviembre de 2021, aquí, en Valencia, nos movilizamos junto a la práctica totalidad de colectivos de pensionistas del Estado, en una acción unitaria y descentralizada, en contra de la nueva reforma que se nos quiere imponer por parte del Gobierno de coalición, a través de su ministro Escrivá.
Esta nueva reforma, que supone un paso más en la vía del desmantelamiento y privatización progresiva del sistema de pensiones la han dividido en dos fases, quizás pensando que de esta forma el impacto y la contestación social sería menor. Están en un error y la prueba es esta manifestación y tantas otras movilizaciones que hemos venido realizando en los últimos meses.
De esta nueva reforma queremos destacar las siguiente medidas:
En primer lugar, recuperamos la revalorización según el IPC, pero eliminan la “paguilla” y no introducen ningún mecanismo de compensación anual de posibles desviaciones del IPC medio real si este fuera superior al aplicado a principios de año. Para compensar esta posible pérdida de valor adquisitivo de la pensión se realizará una revisión cada cinco años y se compensaría las pérdidas si las hubiese. Esto supone que, en el peor de los casos, podríamos arrastrar una pérdida de un 2% cada año y un 10% en cinco años. Tampoco está asegurado por ley esa compensación. También se elimina la posibilidad de incrementar la cuantía de la pensión por encima del IPC, como ocurría hasta ahora. Reivindicamos volver al sistema anterior de revalorización que preveía el artículo 48 de la antigua Ley General de Sanidad de 5/8/1997 y que fue derogado en 2013 (reforma PP).
En segundo lugar, se alarga la edad de jubilación. Se castiga económicamente más todavía a quienes se vean forzados a jubilarse anticipadamente y premian a quienes estén dispuestos a trabajar más allá de los 67 años, sabiendo que la mayoría de trabajadores no llegan a los 65 años y menos a los 67 en condiciones físicas para seguir trabajando, ni mucho menos a los 70 ó 75 años, como comentó recientemente el ministro Escrivá. Y a pesar, también, de tener a casi un 40% de nuestra juventud en paro.
Otra medida especialmente peligrosa para nuestro SPP es la implantación de planes de pensiones privados de empresa. Es una forma de ir desviando fondos a manos privadas que deberían ir a la caja de pensiones. Supone un paso de gigante para privatizar más rápidamente el SPP. No lo consiguieron mediante los planes privados y ahora lo intentan obligando a los trabajadores a contratarlos a través de la negociación colectiva en los convenios laborales.
También se dice que el llamado “Factor de sostenibilidad” se ha derogado. Simplemente pretenden sustituirlo por otro que llaman “Mecanismo de Equidad Intergeneracional”, que cumpliría la misma función: reducir aún más la cuantía de la pensión vinculándola a la esperanza de vida en el momento de la jubilación. Los mismo perros con diferentes collares. Nos oponemos a cualquier coeficiente reductor de nuestras pensiones.
Y por si todo esto fuera poco, el ministro Escrivá propone ahora aumentar los ingresos de la caja de pensiones mediante el incremento de las cotizaciones. Tratan de que sean los trabajadores quienes paguen posibles futuros déficits del SPP de los que no son responsables. Primero desvían recursos de la caja de pensiones (gastos impropios, les llaman) y en vez de restituirlos pretenden que los perjudicados cubran el déficit descontándoles dinero de sus nóminas.
Tampoco hay que olvidar medidas que ya han apuntado y que mantienen en su agenda para implantarlas en el momento adecuado. Nos referimos a aumentar el periodo de cálculo de la base reguladora de la pensión de 25 a 35 años. O también la llamada “mochila austríaca”, cuyo máximo valedor hoy es el Banco de España. O alargar todavía más la edad de jubilación, como le gustaría al Sr. Escrivá, etc., etc.
Como ya hemos comentado, esta nueva reforma pretende seguir desmantelando y privatizando el SPP, pero también y no menos importante, que dejemos en un segundo plano o fuera del debate lo perdido en reformas anteriores y nuestras reivindicaciones para mejorar nuestras pensiones y las futuras.
No nos olvidamos y exigimos, por tanto:
•Que las pensiones deben ser blindadas como un derecho fundamental en la Constitución.
•Igualar las pensiones mínimas al salario mínimo, como un primer paso hasta llegar a lo que señala la Carta Social Europea: pensión mínima igual al 60% del salario medio de cada país. En España: 1080 euros.
•Derogar la reforma de pensiones del 2011, del Psoe, sin duda la más dañina. Sólo recordar algunas medidas: se alargó la edad de jubilación de 65 a 67 años; se amplió el periodo de cálculo de la base reguladora de 15 a 25 años; se aumentaron los años cotizados para tener derecho al 100% de la pensión, de 35 a 37 años; e intentaron implantar el factor de sostenibilidad, que fue un invento del Psoe y que el PP lo hace suyo en su reforma del 2013.
•También exigimos la derogación de las reformas laborales de 2010 (Psoe) y 2012 (PP), pues a salarios de miseria corresponderán pensiones futuras de miseria.
•Recuperar lo perdido en poder adquisitivo como consecuencia de los recortes y reformas anteriores.
•Acabar con el 37% que supone la brecha de género en las pensiones.
•Eliminar la penalización para quienes con 60 años y 40 o más años cotizados se vean obligados a jubilarse anticipadamente.
•Exigimos una auditoria de las cuentas de la Seguridad Social y que se repongan los fondos sustraídos a la caja de pensiones.
•Eliminar el fomento de planes de pensiones privados incentivados con fondos públicos.
•Y por último, acometer una verdadera reforma fiscal y laboral como herramientas para facilitar la redistribución de rentas y recursos.
Finalmente, hacemos un llamamiento a sindicalistas y políticos, que se autoproclaman defensores de los trabajadores y de las mayorías sociales, a demostrarlo oponiéndose, tanto en las llamadas mesas de diálogo social como en el parlamento, a esta nueva ofensiva de los poderes económicos y evitar así la privatización de nuestras pensiones. Esperamos no defrauden las expectativas de trabajadores y pensionistas.
Nosotros, por nuestra parte, jubilados y ciudadanía, ante las pretensiones de debilitar y privatizar el Sistema Público de Pensiones, seguiremos desmontando sus tácticas trileras y tramposas.
Nuestras armas son la justeza de nuestros argumentos y reivindicaciones y vamos a seguir peleando por ellas. Lo hacemos porque es nuestro derecho, pero también por orgullo, por dignidad, por nosotros y, sobre todo, por los pensionistas del futuro.
¡¡GOBIERNE QUIEN GOBIERNE LAS PENSIONES SE DEFIENDEN!
