Libertad frente a imposición
La reciente suspensión del Decreto de plurilingüísmo por el
TSJCV es una buena noticia para todos los que consideramos que una de
las bases de la democracia es el derecho de los ciudadanos a decidir
sobre los aspectos esenciales de la educación de sus hijos, derecho,
no se olvide, reconocido en el artículo 27 de la Constitución
española.
El partido pro catalanista Compromís y sus compañeros de
viaje del PSOE, los que con desprecio a nuestro Estatuto de Autonomía
se refieren a nuestra Comunitat Valenciana como “País Valencià”,
situándola dentro de sus fantasmagóricos “Països Catalans”,
han aprobado un Decreto que descaradamente plantea un chantaje sobre
las familias, de forma que si quieren que sus hijos cursen un mayor
nivel de inglés, deben también introducir un mayor nivel de
valenciano. Además la decisión del modelo lingüístico a aplicar
se la reserva la Consellería, tras escuchar a los consejos
escolares, donde los padres están en clara minoría.
Además todo el
centro debe tener un solo modelo, acabando así con la actual oferta
de varias líneas en un mismo centro que los padres podían elegir
libremente. Resulta llamativo que los padres decidan el horario del
centro, y sin embargo no se les conceda capacidad de decisión
respecto al modelo lingüístico. Afortunadamente la Diputación de
Alicante, mirando por los ciudadanos de esta Provincia recurrió esta
norma y, de momento, ha obtenido su paralización provisional dados
los irreversibles problemas e injusticias que su aplicación podría
crear.
Alguno, nacido y criado castellano hablante, con el fanatismo
propio de los conversos y filiación partidista, consideran aberrante
que se haya suspendido este Decreto, pero lo que en verdad, es
aberrante es que un grupo radical como Comprimís quiera imponer su
visión catalanista a una sociedad con identidad propia como la
Comunidad valenciana. El mismo autoritarismo y sectarismo de este
grupo ha impuesto la supresión del concierto educativo a muchos
centros educativos de la Comunidad, entre ellos un grupo de
Bachillerato del centro eldense Sagrada Familia.
En este y en casi
todos los demás casos, se trata de centros con alta demanda de
alumnos, a los que se les obliga a acudir a centros públicos
violando así su derecho a elegir la educación que desean para sus
hijos. Por eso el ciudadano no debe dejarse engañar. Lo mejor es que
su hijo se eduque en su lengua materna para que aprenda mejor y sus
padres puedan ser partícipes de su proceso educativo, pero si éstos
consideran mejor otra opción deben ser libres de escoger la opción
que prefieran sin imposiciones, y eso vale también para la educación
concertada, porque son las familias, los ciudadanos quienes deben
tener la capacidad de elegir qué educación desean para sus hijos.
