Plurilingüismo como arma arrojadiza
La campaña contra el decreto de plurilingüismo del Consell,
iniciada por el Partido Popular y apoyado por Ciudadanos en el País
Valencià, obedece a una vieja estratagema para instrumentalizar la
“cuestión” lingüística y seguir sembrando alarma y conflicto
social con un tema muy sensible.
La derecha aprovecha cualquier
excusa para tachar de antiespañol todo lo que sea recuperar
autonomía, reconstruir tejido y vertebrar sociedad, defender una
mejor financiación o proteger una lengua minorizada como es el
valenciano. Al mismo tiempo es una cortina de humo para esconder el
fracaso de su decreto de plurilingüismo vigente hasta enero de este
año. No es cierto, y el PP lo sabe, que el nuevo decreto sea
inconstitucional, todo lo contrario, tiene la voluntad de hacer
efectivo su mandato. El PP, se protege tras el artículo tercero de
la Constitución, que nos recuerda que la lengua oficial de todo el
Estado es el castellano.
A partir de esta obviedad legislativa van
construyendo un falso relato de defensa de las libertades. Se olvidan
mencionar que el artículo tercero de la Constitución también se
refiere al valenciano como lengua oficial y patrimonio cultural,
objeto de especial respeto y protección. Además el Estatuto de
Autonomía del País Valencià la define como “La lengua propia de
la Comunidad Valenciana”.
Toda la ciudadanía tienen derecho a
conocerla, a usarla y a “recibir la enseñanza del, y en
valenciano”, otorgándole protección y respecto a su recuperación.
Todo lo contrario a una imposición o a un chantaje, sino un derecho
de todas y todos que se debe hacer cumplir. Al contrario de lo que
pretenden hacer entender a la ciudadanía, el decreto anterior era el
inconstitucional, el que incumplía con el Estatuto de Autonomía
contraviniendo la Ley de Uso y Enseñanza del Valenciano al no
proteger y recuperar la lengua propia.
De ahí el intento actual del
PP de caracterizar como antidemocráticos e inconstitucionales los
avances que puedan venir del decreto de Marzà Es un hecho innegable
que el anterior decreto del PP valenciano fracasó estrepitosamente
en su vertiente pedagógica. La incorporación de una tercera lengua
ha sido desastrosa. Muy pocos docentes tienen la formación en inglés
y, a pesar de que el alumnado y los padres y madres podían elegir un
programa donde el valenciano fuera la lengua vehicular de enseñanza,
el decreto del PP obligaba a introducir una asignatura impartida
castellano rompiendo en la práctica con los programas de inmersión
lingüística y de incorporación progresiva.
Esta situación
contradecía las teorías sociolingüísticas sobre plurilingüismo
que se han estado llevando a cabo desde los años ochenta con grandes
resultados, ya que el alumnado acababa la educación obligatoria con
excelentes competencias básicas en las dos lenguas. Para el PP no
era prioritario implementar modelos plurilingües fiables y avalados
por los expertos, la intención era atentar contra el valenciano,
puesto que en la práctica desaparecía la inmersión lingüística y
la posibilidad de cursar íntegramente los estudios en valenciano
según confirma el STEPV, sindicato mayoritario en la enseñanza, o
Escola Valenciana, entidad cívica de gran prestigio en todos los
ámbitos de uso de la lengua, con especial incidencia en el sistema
educativo valenciano.
Además por muchas direcciones de Centros y
AMPAs de centros educativos en todo el País Valenciano también se
denunciaba este hecho. Otra maniobra utilizada ha sido acusar al
decreto del actual Consell con acabar con la “libertad de las
familias” a elegir una modalidad de enseñanza. Este argumento es
falso. La capacidad de decisión de los padres y madres se hace
efectiva en la matriculación del alumnado y con la elección de
hasta 6 niveles lingüísticos diferentes, en vez de dos e
incompletos como planteaba el decreto del PP.
El modelo que impuso la
derecha tuvo muchos problemas para su aplicación ya que el propio
personal docente cuestionaba su eficacia. Como conclusión, no se
trata de elegir entre castellano y valenciano, sino de cómo la
escuela puede garantizar, en las mejores condiciones pedagógicas, la
adquisición de las dos lenguas oficiales en la comunidad y una
tercera lengua, teniendo en cuenta la diversidad y la pluralidad
contextual, como refleja el Estatuto, que desarrolla la LUEV y que
avalan los expertos en la materia.
El anterior decreto fracasó
pedagógicamente. Sólo tenía como objetivo frenar el desarrollo de
la enseñanza en valenciano. El nuevo no acaba de arrancar, pues está
sufriendo un ataque feroz por parte de esta derecha reaccionaria, que
ha encontrado errores de inicio y que está permitiendo al régimen
instrumentalizar el debate faltando a la verdad, generando confusión
y enfrentando la ciudadanía. No nos dejemos manipular y engañar con
su campaña agresiva y descalificadora.
