Otra política de empleo es urgente
Es
verdad, el paro ha bajado en número, pero las personas con empleo
apenas han aumentado un 1,96% en el último lustro. Es decir, hay
sólo 355.100 ocupados más pese a que la rebaja del paro supera el
millón. La causa es debida a la caída de la población activa. Hay
unas 700 mil personas menos en el país en disposición de
incorporarse a un empleo, bien porque han abandonado el país, bien
porque se han jubilado o bien se han desanimado o desmotivado en la
búsqueda de trabajo. Los números cuadran.
La mayoría de estas 300
mil personas ocupadas trabajan en precario. La temporalidad se ha
disparado al 26,5%, casi dos millones de personas en nuestro país.
Las reformas laborales, tanto la de Zapatero como la de Rajoy, no han
mejorado las condiciones de vida de la mayoría, al contrario, han
generado más pobreza, desigualdad y precariedad. A esta realidad hay
que sumar las políticas de “ajustes”, como eufemísticamente se
refieren el PP y C’s a los recortes sociales, los cuales han
provocado desprotección social de miles de personas y familias.
El
gasto social se va a seguir reduciendo, tal y como viene reflejado en
los Presupuesto Generales para el 2018, poniendo en peligro las
pensiones y las prestaciones económicas de miles de personas. Sin
trabajo y sin cobertura social, la pobreza y la desigualdad seguirán
aumentado. Las viejas recetas de creación de empleo no sirven. Son
años incentivando un modelo basado en dar facilidades al mercado
para que se autorregule y el resultado está a la vista. A pesar de
esta lógica aplastante, la mayoría de los actores sociales
implicados siguen obcecados en repetir errores.
En una situación
como la actual, la generación de empleo público deviene central.
Una medida que garantizaría derechos, estabilidad y calidad. Es de
sentido común. Pero los partidos políticos del régimen utilizan
sus leyes para priorizar el pago de la deuda, que se ha obligado a
contraer primero a ayuntamientos y a autonomías, para rescatar a los
bancos y no aumentar el gasto social. No podemos crear empleo público
a nivel municipal porque nos lo prohíben sus leyes. Y cuando se les
escapa alguna iniciativa del “bloque del cambio” las bloquean
denunciándolas en el Tribunal Constitucional.
Medidas que podrían
mejorar la calidad de vida de muchos valencianos y valencianas. Al
mismo tiempo mantienen la infrafinanciación, tanto autonómica como
local, para proteger sus privilegios y no dejar que otras podamos
implementar otro modelo. Esto es importante que se sepa, nuestras
limitaciones son consecuencia del blindaje interesado de un modelo de
gestión que sólo beneficia a unos pocos. Digámoslo claro, la
derecha tanto la vieja como la nueva, nunca se ha preocupado por el
bienestar de la mayoría.
Si no, no se entiende que mientras las
familias eran golpeas por la crisis-estafa, se hayan lucrado y
beneficiado con el dinero de todas de manera indirecta con el
fenómeno definido como “acumulación por desposesión”, al mismo
tiempo que también lo hacían de manera directa, descarada y
delictiva. Es necesario, ahora más que nunca, promover un nuevo
modelo de convivencia que anteponga los intereses de los de abajo al
de una minoría egoísta y corrupta. Un modelo que garantice una
redistribución justa de la riqueza, que ponga las bases para que lo
económico se subordine al bien común, con un sistema productivo
generador de empleo de calidad.
Un nuevo contrato social respetuoso
con el medio ambiente que desarrolle un efectivo estado social y de
derecho, profundamente democrático y participativo.
