Ley de dependencia, lista de espera y dejadez del gobierno municipal
Concejala de Sí Podem – Petrer.
El pasado 25 de julio, a través de la comisión de trabajo de
Bienestar Social, la coordinadora de Servicios Sociales informó de
que existía una lista de espera en el municipio de más de 100
personas demandantes de los servicios y prestaciones de dependencia,
debido a que este departamento había tenido que asumir las
“grabaciones” de las solicitudes, que hasta ahora eran
competencia de la Consellería.
En esa misma comisión la
coordinadora trasladó la propuesta de contratación de urgencia y de
manera temporal de una persona trabajadora social, especialista en
“valoraciones de dependencia” para poder dar salida a tantas
demandas acumuladas.
También advirtió que el departamento de
personal en estos momentos se encontraba desbordado por el proceso de
contratación de los planes de empleo joven (EMPUJU y ENCUJU), y que
por tanto, la contratación de un trabajador o trabajadora social
habilitado para realizar valoraciones de dependencia iba a tener que
esperar hasta finales del septiembre.
Al día siguiente 26 de julio,
los grupos de la oposición nos reunimos con la alcaldesa para
pedirle que se destinara personal de otras concejalías al
departamento de personal y así agilizar el proceso de contratación
para poder facilitar los dos proyectos: el de dependencia y el de
empleo joven.
Ha pasado más de un mes desde que hicimos la propuesta
a la alcaldesa, y podemos constatar que la situación se ha agravado
aún más, aumentando del número de solicitudes de la Ley de
Dependencia a 127, haciendo muy dura la vida de estas personas
dependientes y sus familias.
Pensamos que el equipo de gobierno no ha
hecho todo lo necesario para solucionar el atasco que existe en
Servicios Sociales. Ha faltado coordinación, puesto que si en los
planes de empleo se ha contratado a dos trabajadores sociales, se
tendría que haber tenido en cuenta que estuvieran habilitados en
valoraciones, para acabar con la lista de espera.
Para nuestra
formación política que más de 100 familias tengan que padecer una
espera incierta, para acceder a un derecho constitucional, es una
emergencia social.
