Por: Juan Manuel Martínez Albert
Quienes me conocen y quienes, en ocasiones, han querido escucharme, me habrán oído decir que cualquier político en cualquier nivel de la gestión que desarrollen, tan solo deberían ocupar como máximo un cargo orgánico y un cargo público. De igual modo también he defendido que los alcaldes y alcaldesas deberían de tener dedicación exclusiva en el municipio en el que han sido elegidos y no tener ningún otro cargo en ninguna otra institución.
La razón de mi posicionamiento descansa sobre el hecho continuado y demostrado de la generación de situaciones de cesarismos, impropios de una sociedad democrática, y de una merma notable de la gestión en sus cometidos como primera autoridad local, impropios a su vez de la necesaria eficacia que es exigible a las personas que detentan la máxima autoridad en su municipio.
Otra de las razones que argumento en tal sentido es la degradación de la acción política porque ante ese “vacío ocasional de poder” se retuerce la gestión con la aparición, pública o soterrada, de compañeros de filas que se erigen en garantes de cualquier cometido, con la connivencia contemplativa del resto, actuando y suplantando la presencia ausente con un estatus que no les corresponde. El ciudadano, en este caso, no sabe si el interlocutor tiene asumidas las responsabilidades por delegación expresa, o si se las otorga “per se” ante un vacío innecesario pero real.
He conocido agentes políticos que han detentado al mismo tiempo: Alcalde, Diputado o Senador, Secretario General comarcal, Presidente de la Comisión ejecutiva de País y miembro del Comité Federal. Tal vez también, algún otro cargo de menor relevancia que ahora no recuerdo. Tamaño disparate conlleva a la ineficacia, pero además también, al abuso de poder por acaparamiento, añadiendo la interferencia en la gestión de “la cosa pública” de personas superpuestas de niveles inferiores como antes apunté.
¿Qué hacer ante tal dislate? En mi opinión, establecer límites legales y límites orgánicos internos en los partidos, aparte de manifestar desacuerdos públicos, como hago en este caso, por parte de la ciudadanía.
Como consecuencia asociada a tales situaciones, desaparece la transparencia en el compromiso adquirido en los programas electorales y también del uso del dinero público que aportamos los ciudadanos a los presupuestos por la vía de los impuestos.
En el caso de Petrer, un amigo socialista me indicó que entrara en el Portal de Transparencia de la Diputación Provincial de Alicante, que me iba a llevar una sorpresa. Dicho y hecho. Nuestra alcaldesa aparece con Media Dedicación por la que percibe 52.000€ al año. Aparte de tal cantidad, no lo sé porque lo desconozco, tal vez haya que añadir dietas, desplazamientos y otras regalías en función del cargo (Comisiones por asistencia a Plenos y Comisiones, por actuar en Jornadas de representación o de otra índole, etc.), insisto, lo desconozco.
Entro seguidamente en el Portal de Transparencia del Ayuntamiento de Petrer. ¡Oh sorpresa!, no encuentro ningún dato que indique lo que percibe nuestra alcaldesa con La Otra Media Dedicación que se supone debe corresponderle. (Tal vez no he sabido buscar bien). Pero creo que tenemos una concejalía de Participación Ciudadana y Transparencia en nuestro Ayuntamiento. ¿Cuál es su cometido?
Aparte de lo anterior, la alcaldesa preside la Mancomunidad Intermunicipal del Valle del Vinalopó. Entro en la página y tampoco recoge el grado de dedicación de los miembros que la componen, sus competencias y sus retribuciones.
Sería bueno, por salud democrática ante todo, que cualquier retribución que percibieran nuestros representantes políticos fuera pública y que se pudiera consultar por cualquier ciudadano, porque es dinero público y la información al respecto también debería serlo. Pero no con una simple anotación, sino con una certificación del Secretario Municipal que, como funcionario público que es, está obligado a decir verdad, no pudiéndose de este modo disfrazar las cuantías y su procedencia.
¿Qué cuesta difundir que cualquier edil ha percibido en el ejercicio presupuestario de 2020, tales cantidades, con la temporalidad oportuna y por los conceptos que se correspondan? Ello debería de ser, así lo creo, un derecho ciudadano. Ayudaría a reforzar la necesaria transparencia que se supone es exigible a todos en el ámbito público y, sobre todo, nos permitiría a la ciudadanía valorar la relación del binomio coste-eficacia de la gestión de la persona que detente cualquier cargo.
En el Partido Socialista que yo he conocido años atrás, la austeridad ha sido referente constante para la gestión pública. Con Vicente Maestre, siendo yo concejal de personal, tuve algún roce con él, porque le insistía con reiteración el que se subiera su salario y que, al menos, cobrara lo que yo cobraba como director del IES “La Torreta” y los tenientes de alcalde lo equivalente a los jefes de estudios. No lo conseguí. Me acabo de enterar de que la Cabalgata de los Reyes Magos, que antes se hacía participativa y altruista a coste cero, este año va a suponer un gasto, creo que con una empresa foránea, de 80.000€ (Ochenta mil euros). Un disparate.
Estoy en contra de estas formas de hacer política, máxime cuando en Petrer hay 4.000 personas (Cuatro mil) en desempleo y nuestra industria de la Piel, que tradicionalmente ha sido el motor de nuestra economía, de nuestra riqueza y de nuestro bienestar, no se la impulsa con políticas locales decididas y consistentes. Por el contrario, estamos apostando por el turismo, que no nos genera riqueza y sí gasto y tiempo de gestión que podría ser utilizado en menesteres más productivos.
Para terminar, permítanme un sarcástico chascarrillo: No me gustaría que en la entrada de Petrer apareciera un cartel municipal que dijera, “Está Ud. en Petrer, zona difunta zapatera y marroquinera”. Pero, eso sí, que al menos fuera a ganchillo.
