Desde hace décadas las pensiones vienen siendo agredidas por sucesivas reformas, siempre con un doble objetivo: desmantelar y privatizar el Sistema Público de Pensiones. Haré un breve repaso desde 2011 hasta la actualidad,
Pondré dos ejemplos: la reforma del PSOE del 2011 y la reforma del PP del 2013. En la primera, se alargó la edad de jubilación de 65 a 67 años, se amplió el periodo de cálculo de la pensión de 15 a 25 años, se aumentó de 35 a 37 años el periodo mínimo de cotización para poder percibir el 100% de la base reguladora y se estableció el famoso Factor de Sostenibilidad (índice reductor de la cuantía de la pensión vinculado a la esperanza de vida). En la reforma de Rajoy, 2013, se retoma el Factor de Sostenibilidad con la pretensión de adelantar su puesta en marcha en 2019 y se elimina el sistema de revalorización según el IPC, por un porcentaje fijo del 0,25%.
La finalidad de ambas reformas no fue otra que rebajar lo que denominan “gasto en pensiones”. De esta forma se va debilitando el sistema y convenciendo a la población de la necesidad de contratar planes de pensiones privados. Es la obsesión de élites financieras como la banca, fondos de inversión, fondos buitres, aseguradoras, etc., por controlar la cantidad ingente de dinero que supone la factura anual de pensiones.
Pero la avaricia de estos poderes financieros no tiene límites. Presionan a los gobiernos de turno para continuar implementando nuevas reformas. La última, que han dividido en dos partes, es una vuelta de tuerca más en la misma dirección.
En la primera parte, ya aprobada y en vigor desde enero de este año 2022, se alarga de hecho la edad de jubilación al castigar mucho más a quienes se jubilen anticipadamente y bonificar a quienes lo hagan después de la edad legal; se vincula la revalorización anual de las pensiones a un IPC no real, IPC medio le llaman (con este nuevo invento sólo en 2021 las pensiones pierden un 3% de poder adquisitivo); se implanta un Mecanismo de Equidad Intergeneracional, que aumenta los porcentajes de cotización, cargando sobre las espaldas de los trabajadores de hoy los posibles déficits futuros del sistema, etc., etc.
En la segunda parte, que actualmente se encuentra en trámite parlamentario, pretenden aprobar, en primer lugar, la implantación de lo que llaman “planes de pensiones de empleo”, que no son más que planes de pensiones privadas de empresa. Es una medida de capital importancia. Si llega a aprobarse, esta ley supondrá abrir una brecha muy peligrosa que acelerará el proceso de privatización de nuestro sistema público de pensiones.
Finalmente, entre otras medidas, también tienen en su agenda neoliberal una nueva ampliación del periodo de cálculo de la base reguladora de la pensión de 25 a 35 años, lo que supondría para los pensionistas del futuro una pérdida de más de un 8%.
Ventura Francés Peñataro Pensionista. Forma parte de la Plataforma de Pensiones de Petrer (COESPE
