Ventura Francés Peñataro. Pensionista. Forma parte de la Plataforma de Pensiones de Petrer (COESPE).
En realidad no hay tal debate. Ojala lo hubiera. En vez de eso, asistimos a una campaña brutal de desinformación, de medias verdades y de mentiras puras y duras que venimos sufriendo la ciudadanía en torno a un derecho conquistado, con tanto dolor y sufrimiento, como es nuestro Sistema Público de Pensiones. Un sistema de reparto cuyas características principales son la proporcionalidad contributiva, la universalidad, que es de gestión pública y que pretende la suficiencia de prestaciones. Quieren sustituirlo por otro de “sálvese quien pueda” y de capitalización, gestionado por entidades financieras privadas y no garantizado.
La mayoría de medios generalistas y de mayor difusión, fieles a sus propietarios y patrocinadores (bancos, fondos de inversión, fondos buitre, aseguradoras…) vienen lanzando consignas que alertan sobre la insostenibilidad del SPP. No es una novedad, lo vienen haciendo desde hace décadas. De hecho están consiguiendo que cale la idea entre muchos trabajadores de que si no pueden ahorrar en un plan de pensiones su pensión futura será mínima o nula.
El argumento de la insostenibilidad es utilizado para justificar las sucesivas reformas de pensiones que se han ido implementando desde los años 80 del siglo pasado (por parte de los sucesivos gobiernos de PSOE y PP) y que de hecho han ido debilitando el sistema al tiempo que seguían en la línea de su privatización.
Veamos cuáles son hoy los principales “argumentos” que siguen lanzando sobre la insostenibilidad del Sistema Público de Pensiones (SPP).
El principal y más importante es que la finalidad de las sucesivas reformas es salvaguardar nuestro sistema público de pensiones. En realidad es todo lo contrario, el objetivo último es apropiarse de la gestión de más de 150.000 millones de euros que supone la factura anual de pensiones y que salen de los bolsillos de los trabajadores actuales.
También mienten al insinuar que el monto anual de pensiones es un “gasto” que nuestra economía no se puede permitir. Como si las pensiones se pagaran de los impuestos de los ciudadanos, de los Presupuestos Generales del Estado. Las pensiones se pagan de las cotizaciones a la seguridad social que todos los trabajadores aportan de sus salarios durante toda su vida laboral. No se le debe nada a nadie. Nadie regala nada a los pensionistas. Ningún ciudadano tiene que aportar ni un solo euro para pagar pensiones.
Intentan hacernos comulgar con la idea de que las pensiones en España son muy generosas. Que la tasa de reemplazo o de sustitución es del 70% cuando en algunos países de nuestro entorno ronda el 50%. Esta tasa de reemplazo es la diferencia entre la pensión y los últimos salarios que se percibían antes de la jubilación. Si vamos a comparar, comparemos también los salarios de estos países respecto de los nuestros y comprobaremos que aún así sus pensiones son más altas que las nuestras.
Nos repiten una y otra vez que el sistema público de pensiones es deficitario. Eso a pesar de haber reconocido que el supuesto déficit se debe a los “gastos impropios” que se siguen cargando a la caja de pensiones aún hoy. Son partidas de gastos que deberían ir a cargo de los Presupuestos Generales del Estado y que durante décadas hemos pagado los pensionistas de nuestras cotizaciones. Según algunas estimaciones esos desvíos de dinero pueden ascender a más de 500.000 millones de euros. Por eso se exige se cumpla el compromiso firmado por el Gobierno para realizar una auditoria de las cuentas de la Seguridad Social, que aún hoy no han cumplido, para conocer exactamente el monto total de lo que hemos pagado los pensionistas indebidamente y así eliminar de una vez la falacia de la insostenibilidad.
Para ilustrar esta última idea utilizaré datos de la propia Seguridad Social, publicados en “La Revista de la Seguridad Social”, en su artículo “¿Qué gastos no contributivos financia la Seguridad Social?”, de 29/10/2020. En este artículo se insiste en que las cotizaciones sociales con las que se financia el Sistema se destinen exclusivamente a costear las prestaciones contributivas de la Seguridad Social y publican datos exactos de partidas de gastos impropios que se cargan a la caja de pensiones. En ese momento los gastos indebidos ascenderían a 22.871 millones de euros. Se detallan por partidas. También sabemos que el déficit en ese momento ascendía a 20.185 millones de euros. Por tanto, no sólo no hay déficit, sino que tenemos un superávit de 2.686 millones. Es cierto que estos datos habría que actualizarlos hoy teniendo en cuenta la situación inflacionista desbocada actual, pero tanto para los gastos como para los ingresos.
Sigue la manipulación al publicar que el Estado en los últimos años se ve obligado a transferir anualmente dinero para cubrir el déficit de la Seguridad Social. No hay tal déficit. El dinero que el Estado transfiere no es más que la devolución, sólo en parte, de lo que se lleva en concepto de gastos impropios también anualmente. Como ya hemos visto si se eliminan esos gastos impropios no serían necesarias esas transferencias. Si no lo hacen entendemos que lo que pretenden es seguir lanzando la idea de déficit e inviabilidad del Sistema Público de Pensiones.
Si en algún momento llegan a admitir que no existe hoy tal déficit, insisten en que lo habrá en el futuro. Argumentan envejecimiento de la población, aumento de la esperanza de vida, la generación del Baby Boom, etc., etc. Si bien hay que tener en cuenta estas variables, no son las únicas. Es curioso que siempre se centren en la parte del gasto, no quieren ver que también se pueden incrementar los ingresos. Y en este sentido se pueden adoptar medidas para aumentar los ingresos en cotizaciones como: eliminar las bases máximas de cotización, mejorar las condiciones de trabajo y salarios, aumentar el SMI, eliminar o paliar la economía sumergida, recuperar salarios que no se declaran o millones de horas extra que no se cobran ni se cotizan a la Seguridad Social, etc., etc. Y, en última instancia, si en el futuro no fuese suficiente, y haciendo cumplir el art. 109.2 de la LGSS, se puede elevar el presupuesto un 0,85% sobre el PIB, que hay margen y que supondrían 10.000 millones más de ingresos cada año. Y por último, y ante el argumento de la falta de recursos para hacer cumplir la ley, hágase una reforma fiscal donde se obligue a pagar más a quien más tiene o más gana, que de hecho es lo contrario de lo que ocurre hoy.
Con estas campañas de desinformación, manipulación, mentiras, pretenden convencer a la ciudadanía en general de que el SPP no es viable a medio y largo plazo y que por tanto hay que ahorrar en planes de pensiones privados y ahora en planes privados de empresa. Para contrarrestar esta campaña de desinformación y parar la pérdida económica y de derechos que sufrimos, la Coordinadora Estatal en Defensa del Sistema Público de Pensiones (COESPE), además de seguir peleando día tras día, ahora, junto a otros colectivos de pensionistas, de forma unitaria y estatal, convocan una manifestación en Madrid para el 15 de octubre, cuya reivindicación principal es la recuperación de salarios y pensiones según el IPC real y donde están invitados a participar pensionistas pero también trabajadores y ciudadanía en general. También se está organizando una marcha de pensionistas a pie desde Valencia a Madrid y que confluirá con la manifestación.
