La “Ley de Impulso a los Planes de Pensiones de Empleo” que se acaba de aprobar en realidad son Planes de Pensiones Privados de Empresa. Es un producto financiero que ya existe en algunas grandes empresas e instituciones. Ahora lo que se pretende es generalizar su contratación y que al menos la mayoría de trabajadores y autónomos estén acogidos a ellos. También existen los planes de pensiones privados individuales que cualquier persona que pueda ahorrar puede contratar en una entidad bancaria.
Hasta ahora lo que se ha pretendido con este tipo de planes de pensiones es impulsar y agilizar la privatización del Sistema Público de Pensiones. La realidad es que apenas un 27% de trabajadores los ha contratado, un porcentaje muy inferior al de otros países de nuestro entorno. Por este motivo, con la nueva ley, intentan que los trabajadores se vean obligados a contratarlos al establecer que dicha contratación se lleve a cabo a través de la negociación de los convenios colectivos.
Eso supone que descontarán del salario del trabajador un porcentaje que irá a parar a manos privadas (bancos, fondos de inversión, aseguradoras…). Estas aportaciones al plan privado no cotizarán a la Seguridad Social, lo que irá en detrimento de los recursos de la caja de pensiones y en beneficio del empresario que se las ahorrará. Además las empresas disfrutarán de importantes ventajas fiscales. Y si faltaba algo, estos planes tampoco están garantizados, nunca tendremos la seguridad de recuperar lo aportado al plan.
Con esta Ley también se pretende instalar en el ideario colectivo la idea de que el Sistema Público de Pensiones es insostenible y, de ahí, la necesidad de contratar este tipo de planes de pensiones para asegurarnos una pensión futura suficiente. No es una idea nueva. Intentan convencernos desde hace décadas que los trabajadores no llegarán a cobrar pensión o será mínima. Según estas catastróficas previsiones el Sistema Público de Pensiones hace tiempo que habría quebrado. Es una idea interesada cuyo propósito no es otro que asustar a los futuros pensionistas a fin de que contraten planes de pensiones privados.
La realidad es que nuestro sistema de pensiones es sostenible, suficiente y digno si se toman medidas adecuadas.
Es viable porque el presupuesto en pensiones en España a junio/22 es del 11,8% del PIB, mucho menor que en la mayoría de países de nuestro entorno que, en algunos casos, puede llegar al 15%. Es viable si se eliminan lo que llaman “gastos impropios”, es decir, partidas de gastos que se cargan indebidamente a la caja de pensiones. Es viable si se elimina el tope máximo de cotización y se cotiza por lo que cada persona gana realmente. Es viable si se actualizan salarios al IPC y se aumenta el SMI (supondría más cotizaciones), etc., etc.
Los pensionistas también exigimos una auditoria de las cuentas de la Seguridad Social para conocer con exactitud el monto de fondos (gastos impropios) que se han detraído durante décadas de la caja de pensiones y que demostraría la falacia de la insostenibilidad del sistema. Por cierto, el Gobierno firmó un compromiso para llevarla a cabo y de momento no lo está cumpliendo.
En definitiva, el movimiento pensionista en su conjunto se opone a estos nuevos planes de pensiones porque en la práctica suponen un paso capital para acelerar la privatización del Sistema Público de Pensiones. Es el objetivo último de poderosas élites financieras. Pretenden desmantelar nuestro sistema solidario, de reparto, actual y sustituirlo por otro privado y de capitalización.
Para trabajadores y trabajadoras: hambre para hoy (menos salarios) y hambre para mañana (menos pensiones públicas). Para las empresas: ahorro en cotizaciones y bonificaciones en sus impuestos. Para las élites financieras: una inyección de dinero ingente y grandes beneficios en forma de comisiones de gestión. Es decir, menos recursos para la caja de pensiones y para servicios públicos esenciales y más recursos para el mundo del capital. En definitiva, un negocio redondo para algunas minorías y más miseria para las mayorías. Ventura Francés Peñataro. Pensionista. Forma parte de la Plataforma de Pensiones de Petrer (COESPE).
